En el Perú, la justicia para los consumidores funciona como esos viejos televisores: hay que golpearlo varias veces para que encienda. Esta semana, Indecopi anunció con bombo y platillo que sancionó a Interseguro con más de S/122 mil y la obligó a pagar una indemnización de S/17,820 —más intereses— a una mujer que quedó con invalidez parcial tras un accidente en Chiclayo. Todo bien, salvo por un detalle: el accidente ocurrió en 2021, la solicitud fue presentada en 2023, y recién en septiembre de 2025 el organismo decidió actuar. En otras palabras, el tiempo de Indecopi no se mide en minutos ni en horas, sino en años de sufrimiento del ciudadano.
El caso es claro: una pasajera sufrió un accidente y terminó con un 90% de invalidez parcial. La normativa del SOAT establece que la aseguradora tiene diez días para reconocer la indemnización. Diez. Ni veinte, ni treinta. Diez. Pero Interseguro no respondió, no cumplió, y dejó vencer el plazo. Lo que para cualquier persona es una emergencia, para la aseguradora fue un trámite más en su carpeta de pendientes.
La mujer esperó, gestionó y reclamó. El 2023 pidió que le reconozcan lo que por ley le correspondía. Y la aseguradora siguió en silencio. Mientras tanto, ella enfrentaba su nueva vida con secuelas físicas permanentes, la burocracia y la indiferencia. Solo cuando el expediente llegó a Indecopi, la historia cambió. Bueno, cambió entre comillas: hubo que esperar casi dos años adicionales para que el ente regulador “despierte” y determine lo evidente: que la aseguradora incumplió con su deber.
La multa suena dura —22.97 UIT, equivalente a S/122,889.50— pero, ¿qué significa realmente frente a los balances millonarios de una compañía de seguros? Más aún, cuando el Estado se conforma con sancionar a destiempo, casi como si certificara que el daño ya fue hecho, y luego entregara una medalla de consuelo.
Aquí lo que duele no es solo la demora, sino la lógica perversa: las empresas saben que los organismos actúan tarde y con sanciones que, en la práctica, terminan siendo un costo operativo. Y en medio de ese juego, la ciudadana queda atrapada, reducida a esperar que la rueda de la burocracia finalmente gire a su favor.
Indecopi presenta este caso como ejemplo de protección al consumidor. Pero la pregunta incómoda es otra: ¿de qué sirve una sanción en 2025, cuando el accidente fue en 2021 y la víctima lleva años arrastrando la indiferencia del sistema? Se habla de “garantizar derechos”, pero lo único garantizado ha sido la demora.
Reflexión final
El caso de Interseguro no es un episodio aislado. Es un espejo del país: aseguradoras que incumplen, organismos que reaccionan tarde y ciudadanos que pagan la factura con su salud, su tiempo y su dignidad. El SOAT fue diseñado para brindar cobertura inmediata, no para ser una broma cruel. Y sin embargo, en el Perú, hasta la urgencia se convierte en trámite. La sanción llega, sí, pero siempre demasiado tarde. Como si la justicia al consumidor viniera con retraso crónico incluido.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra