En democracia, los gobiernos rinden cuentas. En autocracia, los gobiernos persiguen a quienes hacen las preguntas incómodas. El Perú de hoy parece inclinarse hacia lo segundo. La reciente denuncia de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), que condena el hostigamiento a los periodistas Rodrigo Cruz y Karla Ramírez, confirma lo que todos intuíamos: Dina Boluarte no tiene un plan de gobierno, pero sí un plan para incomodar a la prensa.
“Toda agresión contra un periodista es una agresión contra la ciudadanía”, advirtió la SNRTV. Y no exagera. Porque cuando se amedrenta a un comunicador, lo que se busca es silenciar las voces de millones de peruanos que dependen de ellos para entender cómo se maneja —o se desmaneja— el poder.
Los casos recientes son tan elocuentes como vergonzosos. Rodrigo Cruz, de Latina Noticias, fue blanco de un pedido para levantar el secreto de sus comunicaciones por parte de la Procuraduría Anticorrupción. El motivo: haber revelado detalles del caso “Cofre” y las conexiones de Nicanor Boluarte, el hermano incómodo que ya no cabe debajo de la alfombra de Palacio. Es decir, al periodista que descubre la red, se le convierte en sospechoso.
La situación de Karla Ramírez, de Panorama, no es mejor. Tras mostrar indicios de una presunta red criminal en el Ministerio del Interior bajo la gestión de Juan José Santiváñez, recibió amenazas. Como si denunciar la infiltración de mafias en las instituciones públicas fuese un deporte extremo y no la obligación básica del periodismo de investigación.
El patrón se repite: mientras el crimen organizado se adueña de barrios, mercados y carreteras, el Gobierno dedica sus energías a hostigar a periodistas. Es como si en medio de un incendio, en vez de apagar las llamas, el Ejecutivo se preocupara por silenciar la alarma.
La ironía es dolorosa. Los hospitales públicos colapsan, las escuelas se caen a pedazos, el narcotráfico avanza y la minería ilegal devora la Amazonía. Pero el enemigo que más preocupa a Palacio son los reporteros que hacen preguntas. La seguridad de los ciudadanos, en piloto automático. La seguridad de los periodistas, bajo amenaza directa.
El periodismo en el Perú no debería ser un oficio de alto riesgo, pero bajo este gobierno lo es. Los periodistas ya no solo enfrentan precariedad laboral, agresiones callejeras o campañas de difamación en redes; ahora deben resistir al hostigamiento institucionalizado, un Estado que en lugar de protegerlos los persigue. Y lo hace mientras proclama, con ironía insultante, defender la democracia.
Reflexión final
La historia es clara: los gobiernos que persiguen a la prensa siempre terminan perseguidos por la verdad. Lo que está en juego no son solo los derechos de Rodrigo Cruz o Karla Ramírez, sino el derecho de cada ciudadano a saber qué ocurre con su país. Si se acalla a la prensa, se acalla a la democracia. Y en ese silencio no habrá libertad, solo el eco de un poder que se protege a sí mismo mientras el Perú se hunde en la oscuridad.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra