Cuatro días antes de la inauguración de los Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) decidió hacer lo que mejor refleja el desgobierno deportivo del país: firmar, en menos de 10 días, contrataciones directas por más de S/ 89 millones, “a dedo”, amparadas en una “situación de desabastecimiento inminente”. El deporte que debería unir y dar ejemplo de juego limpio arranca, otra vez, bajo la sombra de la discrecionalidad, la opacidad y el apuro sospechoso.
Entre el 4 y el 13 de noviembre, el entonces presidente del IPD, Teodoro Tong, firmó 14 resoluciones de presidencia que permitieron adjudicar servicios y compras sin concurso público: las empresas fueron invitadas como únicas postoras. No hablamos de urgencias menores, sino de contratos por S/ 32,8 millones para Fast Engenharia (estructuras temporales en Lima y Ayacucho) y S/ 21,5 millones para Equans (equipamiento deportivo), cuya “buena pro” se decidió en cuestión de días, con procesos que ya venían encaminados antes incluso de las resoluciones que supuestamente los sustentaban.
El argumento oficial: no hay tiempo, hay que salvar los Juegos. Pero detrás del reloj aparece un patrón preocupante: la planificación falló, las licitaciones no se hicieron cuando correspondía y, como siempre, el remedio fue abrir la puerta a la contratación directa, el mecanismo más vulnerable a sobrecostos y favoritismos. El caso del bloqueador solar es emblemático: S/ 147 mil para 1.500 cajas en sachet, con un costo promedio cercano a los S/ 100 por caja, cuando en el mercado oscilan entre S/ 30 y S/ 69. La diferencia no es un simple “redondeo”: son decenas de miles de soles en posible sobreprecio.
Como si fuera poco, tras la salida de Tong y la llegada de Sergio Ludeña, se produce también la salida del jefe de Logística, cuya firma figura en estas contrataciones. Desde entonces, el IPD ha dejado de publicar las resoluciones de adjudicaciones “no competitivas”. ¿Casualidad, limpieza interna o simple reflejo de que hay mucho que explicar y poco que mostrar?.
Los Juegos Bolivarianos debían ser vitrina del país; están camino a convertirse en vitrina de cómo se maneja el dinero público bajo presión y sin controles suficientes. La Contraloría, el Congreso y la propia Fiscalía tienen la obligación de revisar cada proceso, verificar sobrecostos, identificar responsabilidades y, si corresponde, anular y sancionar. No se trata de boicotear el evento, sino de impedir que se legitime un atajo administrativo que normaliza el “a dedo” como forma de gobierno.
Reflexión final
El deporte merece contratos transparentes, no cheques apresurados. Cuando se juega con S/ 89 millones, no solo está en juego la imagen del IPD, sino la confianza de un país cansado de ver cómo, detrás de cada gran evento, aparece la misma jugada: urgencia, opacidad y silencio. Los Juegos pueden durar dos semanas; el daño a la ética pública, mucho más.