“Un desastre total, estamos abandonados”. El testimonio de Ulises Martín, fondista peruano y medalla de plata en la maratón de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, no es un exabrupto emocional: es un diagnóstico político y moral. Un evento que reúne a más de 4.000 deportistas de 17 países se ha convertido en vitrina de improvisación, maltrato y desorden, con el Instituto Peruano del Deporte (IPD) como rostro visible de un modelo que desprecia a sus atletas y avergüenza al país.
Martín cuenta que llegó a Lima sin saber dónde dormir, sin información clara, llamando al IPD sin respuesta. Terminó hospedado gracias a la Federación, a menos de 48 horas de competir. Se había preparado para media maratón; a última hora le cambiaron la prueba a 42K. “Es un desastre total”, dijo en TV Perú. No habló un opositor, habló un deportista que acaba de darle una medalla al Perú.
No es el único. Denuncias recogidas por ADAPerú muestran jueces sin alimentación, sin transporte ni alojamiento; árbitros internacionales que llegan sin pasaje confirmado o sin hotel; delegaciones que no pueden ingresar a sus hoteles porque el comité organizador no había pagado. A ello se suman cambios de horario de competencia de un día a otro, fallas de señal en sedes clave y jornadas de trabajo técnico que van de las cuatro de la tarde a las dos de la mañana.
Todo esto en unos juegos que debían tener a Ayacucho como protagonista, con un estadio para el que se han invertido más de 420 millones de soles… y que no llegó a ser sede. Mientras el concreto inconcluso se oxida, el “legado” para la región se reduce a promesas rotas y frustración.
El IPD, que asumió la organización tras el cierre del Proyecto Legado 2019 —la institución que sí demostró capacidad en los Panamericanos de Lima— emite comunicados, pide disculpas y promete “solucionar las graves situaciones críticas encontradas”. Pero las disculpas llegan cuando el daño ya está hecho: cuando los deportistas, jueces y delegados ya vivieron en carne propia la precariedad que se intentó esconder bajo fuegos artificiales.
Lo que está en juego no es solo la imagen de unos Juegos Bolivarianos: es la credibilidad de un país que aspira a organizar nuevamente unos Panamericanos en 2027. Si hoy no somos capaces de garantizar cama, comida, transporte y respeto básico a quienes vienen a competir, ¿con qué autoridad hablaremos de “gran sede deportiva” dentro de dos años? La improvisación se ha vuelto política de Estado y el deporte, su víctima más visible.
Reflexión final
El Perú no necesita más ceremonias ni hashtags patrioteros: necesita instituciones que cumplan lo que prometen y gobernantes que entiendan que un atleta no es utilería para la foto, sino la razón de ser de cualquier evento. Mientras sigamos aceptando “desastres totales” como si fueran gajes del oficio, seguiremos condenando a nuestros deportistas a competir en medio del caos y a nuestro país a ser recordado, no por sus medallas, sino por su abandono.