(Foto: El Peruano). En el Perú, la política no se cae: se recicla. Y cuando parece que el país ya no aguanta más improvisación, aparece un salvavidas con logo institucional. Esta vez, la ONPE repartirá S/80 millones entre 38 partidos para la franja electoral 2026. La narrativa oficial es bonita: “equidad”, “acceso”, “voto informado”. Pero el ciudadano, que paga impuestos y vive con miedo, entiende otra cosa: el Estado financiando propaganda en un sistema donde la credibilidad está en números rojos. No es inversión democrática; es el costo de sostener una oferta electoral que crece en cantidad, mientras la calidad se esconde.
El problema no es solo el monto. Es el mensaje. Porque la distribución combina una parte igualitaria con otra proporcional a la representación parlamentaria. O sea: los que ya controlaron el Congreso, los que ya legislaron —bien o mal—, reciben más vitrina para “explicarse” y volver a intentarlo. En un país donde la ciudadanía desconfía del Parlamento, el diseño termina pareciéndose menos a un mecanismo de equilibrio y más a un premio a la maquinaria.
La franja electoral debería obligar a presentar propuestas claras, medibles, verificables. Pero lo que suele financiar es otra cosa: slogans, escenas emotivas, culpables genéricos y promesas sin costo. En otras palabras: publicidad. Y la publicidad no es rendición de cuentas. Es maquillaje. El Estado pone la plata; el partido pone el libreto; y el ciudadano recibe el spot como si fuera política pública.
La parte destinada a redes sociales es aún más delicada. Porque allí el dinero no compra debate; compra alcance. Y el alcance, en un ecosistema saturado, suele premiar la frase fácil, la indignación teatral y la “verdad” acomodada. La franja digital puede terminar convertida en una competencia por quién grita más sin insultar, quién dramatiza mejor, quién consigue más clics. No es educación cívica: es mercadeo electoral subsidiado.
Y mientras el Estado financia esta “democratización” de la propaganda, el país sigue con servicios colapsados, inseguridad cotidiana y una ciudadanía que vota entre el hartazgo y el miedo. Lo irónico es que el mismo sistema que produce listas interminables, alianzas improvisadas y candidatos de ocasión ahora pide una cosa: confianza. Pero la confianza no se decreta con una resolución jefatural ni se compra con S/80 millones.
La franja electoral debería ser un puente hacia el voto informado. Sin controles reales de contenido, hoy se siente más como un combustible institucional para la campaña permanente: 38 partidos, muchas pantallas, poca solvencia.
Reflexión final
El Perú no necesita más propaganda financiada: necesita menos cinismo. Si el Estado va a pagar franja, que pague también exigencias: debates obligatorios, verificación de promesas, sanción social efectiva a la mentira y transparencia total del uso de espacios. Porque si no, la franja no es democracia: es el país comprándose a sí mismo otra temporada de lo mismo… pero en alta definición.