El taxi por aplicativo ya no es “tendencia”: es infraestructura cotidiana. En Lima y en varias ciudades del país, millones de traslados dependen de una pantalla, un GPS y un contrato que casi nadie lee. Ese es precisamente el punto crítico que expone un estudio elaborado por Aspec junto al Observatorio de Plataformas–Perú y Ipsos Perú: el mercado creció, pero las reglas no. Y cuando la regulación llega tarde, la seguridad del pasajero queda como “opción” en la letra chica, mientras la experiencia se vende como moderna, eficiente y confiable.
La investigación se basó en viajes reales bajo modalidad de “cliente incógnito”, con el propósito de evaluar seguridad, transparencia y protección al consumidor. No se trata de percepciones sueltas en redes sociales, sino de desempeño en variables concretas: canales de reclamo, claridad de responsabilidades, condiciones mínimas de seguridad y coherencia entre lo que la app promete y lo que realmente ofrece en la práctica.
Los resultados muestran diferencias marcadas entre plataformas y, sobre todo, un grupo de mayor riesgo que debería encender alertas en el ecosistema empresarial y en el Estado. En el ranking de inseguridad, se identifican explícitamente tres aplicativos como los más preocupantes: DiDi, Uber e inDrive.
En el primer lugar de mayor inseguridad aparece DiDi, con 1 punto sobre 5, señalada como la plataforma con mayores falencias en protección al usuario y en seguridad operativa. En segundo lugar figura Uber, con 1,25 puntos, principalmente por limitaciones en materia de responsabilidad: ausencia de mecanismos claros de reclamo y falta de asunción de cargos frente a eventuales daños. Finalmente, inDrive integra el grupo de mayor riesgo con 2,5 puntos, criticada por deslindar responsabilidades sobre la seguridad del servicio que intermedia y por políticas internas que dificultan la protección efectiva del pasajero.
El estudio añade un componente especialmente sensible: los términos y condiciones “irracionales” que aceptan los usuarios al descargar estas aplicaciones. Se advierte que algunas no contarían con domicilio legal o representación formal en el Perú, y que ciertos conflictos se derivan a jurisdicciones extranjeras como Países Bajos o Chipre. En términos simples, eso vuelve el reclamo local un laberinto: el consumidor queda en desventaja jurídica al firmar condiciones que priorizan la protección corporativa por encima del usuario.
A esta debilidad legal se suman hallazgos operativos: en 70 viajes realizados entre diciembre de 2025 y enero de 2026, solo el 18% de unidades mostró el SOAT de manera visible y se registró un 23% de cancelaciones. Incluso en el “postservicio” aparecen señales de precariedad: solo se recuperó la mitad de objetos olvidados y un tercio de conductores pidió pagos extra para devolverlos. Además, se advierte que el transporte en moto mediante aplicaciones constituye el escenario más crítico por operar sin habilitación ni fiscalización efectiva.
Lo que este estudio revela es una realidad empresarial incómoda: cuando no existen estándares claros ni obligaciones exigibles, la industria se expande trasladando el riesgo al usuario. La competencia termina concentrándose en precio, disponibilidad y marketing, mientras la seguridad y la reparación ante daños quedan debilitadas por diseño.
Reflexión final
Regular no es “atacar” la innovación: es evitar que se convierta en una zona gris. Si el servicio es masivo, debe ser responsable. Exigir constitución legal, canales de reclamo reales, conductores habilitados, vehículos con límites de antigüedad y sanciones efectivas no frena el mercado: lo vuelve sostenible. Porque el progreso no puede medirse por cuántos viajes se completan, sino por cuántos derechos se respetan cuando algo sale mal. (Foto: Gamers).