En el Perú, la seguridad se anuncia con bombos y platillos, pero se administra con una ligereza que asusta. Mientras el ciudadano se protege como puede —cerrando rejas, evitando rutas, mirando dos veces antes de subir a un bus—, el Estado parece dispuesto a dejar la puerta abierta donde más duele: en la información. El “peligro de espionaje cibernético” no es un titular exagerado; es una advertencia lógica cuando una tecnología cuestionada en otros países termina vinculada a equipos y mantenimiento en zonas sensibles del poder.
El Despacho Presidencial “aclaró” que la contratación de Nuctech Perú SAC para el mantenimiento de equipos de seguridad en Palacio se hizo conforme a norma. Esa frase —“conforme a ley”— es el comodín favorito del Estado peruano: sirve para cerrar el debate sin responder lo esencial. Porque aquí la pregunta no es si hubo papeles en regla, sino si hubo criterio, prevención y auditoría real. Un país puede cumplir un procedimiento y, aun así, cometer una imprudencia estratégica.
Según lo difundido, Nuctech ha sido objeto de restricciones y cuestionamientos en Estados Unidos y en países europeos por riesgos asociados a seguridad nacional y vulnerabilidad de datos. En buen castellano: hay antecedentes que obligan a revisar con lupa cualquier implementación en entornos críticos. Pero en el Perú, la lupa suele ser reemplazada por un comunicado breve y una invitación a “pasar la página”.
Y lo más delicado: en tecnología de inspección y control, el riesgo no se reduce al aparato. El verdadero peligro está en lo invisible: software, actualizaciones, registros, accesos técnicos, mantenimiento, cadena de suministro. La seguridad digital no se improvisa. Se audita. Se certifica. Se controla. Y se vuelve transparente para que el país sepa que no está financiando una caja negra en el corazón del Estado.
¿Dónde está la evaluación técnica independiente? ¿Dónde están los informes públicos de ciberseguridad? ¿Quién certificó que no hay posibilidad de extracción de datos, puertas traseras o dependencia tecnológica? ¿Qué protocolos impiden que el proveedor se convierta en administrador silencioso del sistema? Si esas respuestas existen, deberían estar sobre la mesa. Si no existen, entonces el Estado está pidiendo confianza a ciegas… en el peor lugar posible.
Y aquí aparece el actor que debería haber gritado primero: la inteligencia del Estado. Si no alertó, falló. Si alertó y no la escucharon, el fallo es político. En ambos casos, el resultado es el mismo: el Perú actúa como si la ciberseguridad fuera un detalle técnico y no una línea de defensa nacional.
Este no es un debate de ideologías ni de nacionalidades. Es un debate de soberanía. Si existe duda razonable, corresponde una auditoría externa inmediata, revisión de protocolos, trazabilidad total y, si es necesario, suspensión del servicio hasta garantizar seguridad.
Reflexión final
El Perú ya enfrenta crimen organizado, extorsión y un Estado debilitado. Sumemos ahora la posibilidad de vulnerar datos sensibles y tendremos el cóctel perfecto: inseguridad en la calle e inseguridad en Palacio. Y cuando un país normaliza la improvisación tecnológica, no pierde solo información: pierde control. Y un país sin control es un país a merced de cualquiera que sepa mirar donde nadie está mirando. (Foto: Ventura Soluciones).