En el Perú, la política no solo promete: también omite. Y cuando omite en documentos jurados, el problema ya no es “campaña”, es credibilidad mínima. A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 observó las hojas de vida de 14 candidatos a vicepresidentes por presuntas inconsistencias: bienes no declarados, acciones “invisibles”, participaciones empresariales extraviadas y datos que no coinciden con registros oficiales.
La escena se repite como un mal hábito nacional: el candidato firma que todo es verdad, el Estado cruza la información con Sunarp, Sunat y otras entidades, y la “verdad” empieza a crujir en la primera consulta. El JEE, además, no está pidiendo poesía: está confrontando partidas registrales, número de acciones, participaciones y trayectorias. Y cuando hay discrepancia, lo que queda en evidencia no es un “detalle”: es la voluntad (o la negligencia) de no contarle al elector lo que debe saber.
Los nombres importan, porque esto no es una nube anónima:
Norma Yarrow (Renovación Popular) fue observada por presunta omisión vinculada a participaciones societarias en una empresa, pese a que la información aparece en registros oficiales.
Miguel Torres (Fuerza Popular) afronta procedimiento por presunta información falsa en su declaración, con plazo de un día para descargos, según reportes del proceso sancionador.
Raúl Noblecilla (Podemos Perú) figura entre los casos observados por presuntas inconsistencias vinculadas a participación/acciones en entidades jurídicas.
Y la lista sigue: Elena Rivera, Melitza Yanzich, Virgilio Acuña, Maritza Sánchez, Wellington Prada, Tania Porles, Heber Cueva, Daniel Barragán, María Inés Valdivia, Rossana Montes… una procesión de hojas de vida que, por lo visto, creen que el Estado es un espectador distraído.
Lo más mordaz no es que existan observaciones. Lo más mordaz es la naturalidad con la que la política se defiende: “error material”, “empresa inactiva”, “no hay RUC”, “no hubo intención”. Traducido al castellano electoral: sí existía, pero no lo puse porque no me convenía o no me importó. Y si no te importan los datos que firmas bajo juramento, ¿por qué debería importarte el presupuesto, la seguridad o la lucha anticorrupción cuando toques poder?.
El JEE ha recordado que consignar información inexacta en la hoja de vida es una infracción prevista en la Ley de Organizaciones Políticas y puede acarrear sanciones —multas de 1 a 10 UIT— e incluso la remisión de actuados al Ministerio Público. O sea: el sistema sí contempla consecuencias. El problema es el de siempre: la impunidad práctica y la cultura del “ya veremos”.
Además, el plazo para explicar estas discrepancias es de antología: un día calendario para descargos en varios casos. En cualquier democracia seria, una declaración jurada no se “arregla” con apuro; se presenta bien desde el inicio, porque ese es el punto: transparencia preventiva, no transparencia correctiva.
Catorce vicepresidencias observadas no son “una anécdota del trámite”: son un síntoma. La política peruana quiere que el ciudadano decida “informado”, pero le entrega formularios con espacios en blanco estratégicos. Y luego se sorprende de la desconfianza.
Reflexión final
Si la hoja de vida es el primer examen de integridad, muchos están empezando la carrera con copia. El voto informado no puede depender de detectives ciudadanos ni de la suerte de que el JEE cruce datos a tiempo. En 2026, la pregunta no es quién habla más bonito: es quién se atreve a ser verificable. Porque una democracia donde la verdad entra por subsanación no elige futuro: administra excusas. (Foto: LR).