Cuando un país se acostumbra a que los pasillos del poder funcionen como ventanilla de empleo, la democracia se achica y el mérito se vuelve decoración. El dominical Panorama ha revelado un presunto favorecimiento vinculado al presidente José María Balcázar: una exalumna y exasesorada de tesis, Carla Bustíos Arteaga, habría obtenido una orden de servicio por S/ 16,000 apenas 24 horas después de reunirse con él en su despacho congresal en agosto de 2021.
Las fechas son las que levantan la ceja, no los discursos. Según el reporte, Bustíos se inscribió en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y al día siguiente registró visita al despacho congresal; 24 horas después, apareció su primera orden de servicio en el Programa Nacional de Saneamiento Rural por S/ 16,000. En un Estado donde estos trámites suelen tomar semanas, la velocidad no es eficiencia: es sospecha. Y la sospecha, en un país con corrupción crónica, se paga con desconfianza.
El asunto se agrava porque —siempre según la investigación— el vínculo no terminó en una orden de servicio. Bustíos habría pasado luego al Congreso, trabajando entre octubre de 2021 y abril de 2022 en una comisión especial presidida por Balcázar, y ella misma admite que fue convocada para participar. No es ilegal que alguien sea convocado; lo corrosivo es el patrón: la cercanía con el poder como atajo.
Y cuando el poder se vuelve “recomendación”, la meritocracia se vuelve mito. Porque cada contratación que huele a favor deja un mensaje brutal para miles de profesionales que sí compiten: “no basta prepararse; hay que conocer a alguien”. Ese mensaje es gasolina para la informalidad, para el cinismo y para el resentimiento social. En resumen: es un sabotaje moral al Estado.
La defensa típica en estos casos suele venir envuelta en dos frases: “fue un saludo protocolar” y “no hubo injerencia”. Pero la política seria no se defiende con frases; se defiende con transparencia verificable: procedimientos, cuadros comparativos, criterios de selección, responsables, cronogramas y sustentos. Si todo fue impecable, que se muestre. Si no se muestra, el silencio habla.
El Perú no puede normalizar que el despacho de un congresista —y hoy presidente— sea antesala de contratos estatales. Si la Fiscalía investiga y los medios reportan, corresponde que el Estado responda con documentos, no con indignación selectiva.
Reflexión final
Lo más mordaz de esta historia es que no necesita insultos: se explica sola. Un país golpeado por inseguridad y crisis institucional no puede darse el lujo de que el poder parezca una agencia de colocaciones. Porque cuando el Estado se usa como premio, la ciudadanía termina convencida de que la ley es para los de abajo y las oportunidades, para los cercanos. Y esa es la receta perfecta para la impunidad. (Foto: Exitosa).