En el Perú, la violencia contra las mujeres ya no se puede describir como “casos” ni como “hechos aislados”. Tiene ritmo. Y ese ritmo es aterrador: cada 10 horas se registra una denuncia por feminicidio (o tentativa) o por trata de personas. En solo 13 meses —todo 2025 y enero de 2026— el sistema de justicia recibió 926 denuncias por estos delitos. No es una cifra para informes: es una alerta pública sobre un país donde la protección llega tarde y la impunidad llega primero.
La suma se reparte así: 668 denuncias por feminicidio y tentativa, y 258 por trata. Traducido a lenguaje real: cada número es una mujer perseguida, una familia con miedo, una historia que pudo terminar peor. Y cuando el sistema acumula denuncias a esa velocidad, el problema deja de ser “seguridad” y se convierte en estructura: instituciones lentas, protección insuficiente, y una cultura que todavía relativiza la amenaza hasta que la tragedia estalla.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, recordó que cada cifra representa una vida afectada y una familia destrozada, y subrayó que la justicia exige no solo técnica jurídica, sino sensibilidad y comprensión de la realidad. Es una frase correcta. Pero también es un diagnóstico indirecto: si hay que pedir sensibilidad como requisito, es porque demasiadas veces el sistema responde como ventanilla, no como protección.
Aquí está la mordida: el país se acostumbró a la indignación por turnos. Se denuncia, se comparte, se promete “mano dura”, se anuncian mesas, protocolos y campañas. Y luego el expediente se enfría, la medida de protección llega tarde o no se supervisa, el agresor vuelve, el miedo se instala y la trata sigue operando como negocio. La violencia de género se sostiene con un combustible que el Estado conoce pero no corta: impunidad y demora. El agresor no necesita grandes armas; le basta con que la víctima no sea escuchada a tiempo. La trata no necesita invisibilidad total; le basta con fiscalización débil, territorios capturados y redes que se reciclan sin sanción ejemplar.
Mientras tanto, el ciudadano escucha que el Código Penal contempla penas severas, incluso cadena perpetua con agravantes. Bien. Pero en la práctica, la pena que más se aplica es otra: la de la espera. Espera para denunciar, espera para que atiendan, espera para que protejan, espera para que el caso avance. Y en violencia, la espera es riesgo.
Cada 10 horas una denuncia no es estadística: es emergencia. Y una emergencia no se gestiona con discursos, sino con medidas verificables: protección inmediata, refugios reales, seguimiento efectivo, investigación sólida y sentencias oportunas.
Reflexión final
El Perú no puede seguir contando denuncias como si fueran clima (“hoy también hubo”). Si el Estado no convierte estas cifras en prioridad operativa, la violencia no solo continuará: se normalizará. Y cuando lo intolerable se vuelve normal, la democracia también pierde: porque un país que no protege a sus mujeres no protege a nadie. (Foto: lacajanegra.blog).