Cada campaña electoral trae promesas, slogans y sonrisas cuidadosamente administradas. Pero hay algo que ningún discurso logra borrar: el peso de los hechos. La reciente acusación de la ContralorÃa contra seis exfuncionarios de la gestión regional de César Acuña por presuntos malos manejos en el programa Procompite, con un monto que supera los S/116 millones, vuelve a colocar al lÃder de APP en el centro de un debate que ya no puede despacharse como casualidad ni como simple ruido polÃtico. No se trata de una anécdota administrativa, sino de una señal grave sobre cómo se manejaron recursos públicos destinados, en teorÃa, a fortalecer a las Mypes y promover desarrollo.
Según la auditorÃa, durante la gestión de Acuña como gobernador regional de La Libertad se aprobaron 75 planes de negocio por más de S/116 millones pese a que carecÃan de sustento suficiente y representaban un riesgo para los fondos públicos. Además, la ContralorÃa detectó que el comité evaluador habrÃa otorgado puntajes sin fundamento para favorecer a ciertos postulantes, y que incluso se entregaron bienes estatales sin documentos legales adecuados que garantizaran su devolución. Es decir, no hablamos de fallas menores ni de desorden burocrático: hablamos de decisiones que comprometen la transparencia, la legalidad y el cuidado del dinero de todos.
La ContralorÃa recomendó a la ProcuradurÃa iniciar acciones legales contra seis exfuncionarios, entre ellos Juan Fort Cabrera, exgerente regional de Producción y militante de APP. Ese detalle polÃtico importa. Porque cuando los nombres investigados orbitan cerca del partido del lÃder hoy convertido en candidato presidencial, la pregunta inevitable no es solo quién ejecutó los hechos, sino qué tipo de cultura polÃtica permitió que ocurrieran. Y ahà aparece el problema de fondo: en el Perú, demasiadas veces el poder no se rodea de cuadros técnicos sólidos, sino de operadores, leales o aliados cuya principal credencial parece ser la cercanÃa.
No es la primera vez que la gestión de Acuña queda vinculada a cuestionamientos en Procompite. Ya en 2025 se habÃan anulado concursos por S/58 millones tras denuncias de cobros ilegales y serias irregularidades en la ejecución del programa. Por eso, este nuevo episodio no luce como un accidente aislado, sino como parte de una secuencia preocupante. Y cuando los escándalos se acumulan, el silencio polÃtico deja de ser prudencia: empieza a parecer estrategia de desgaste hasta que la indignación pública se canse.
César Acuña tiene derecho a defenderse polÃticamente y los exfuncionarios señalados tienen derecho al debido proceso. Pero la ciudadanÃa también tiene derecho a exigir explicaciones claras, responsabilidades concretas y una rendición de cuentas que no se esconda detrás de formalismos.
Reflexión final
Un candidato puede pedir votos, pero no puede pedir amnesia. Y cuando alrededor de su gestión vuelven a aparecer fondos públicos comprometidos, militantes cuestionados y auditorÃas que recomiendan denuncias penales, lo que está en juego no es solo una candidatura: es la tolerancia de un paÃs frente a la repetición de prácticas que degradan la polÃtica y traicionan la confianza pública. (Foto: Semana Económica).