La compra de los F-16 ya no parece únicamente una decisión técnica de defensa nacional. Según una investigación de La República, la Fuerza Aérea del Perú aceleró la firma del contrato con Lockheed Martin ante el avance de Roberto Sánchez en el conteo de votos. El dato es grave porque introduce un elemento político-electoral en una operación militar de miles de millones de dólares. Si la seguridad nacional necesita planificación, lo ocurrido transmite otra cosa: urgencia, temor y una preocupante sombra de cálculo político.
La frase atribuida a una fuente militar —“era ahora o nunca”— resume el problema. ¿Desde cuándo una compra estratégica debe cerrarse al ritmo del conteo electoral? Modernizar la flota aérea puede ser necesario, sobre todo si la capacidad operativa de combate está en deterioro. Pero una necesidad real no autoriza a pasar por encima de la transparencia, la competencia ni la legitimidad política. Menos aún cuando el presidente José María Balcázar había expresado su decisión de postergar la firma para el siguiente gobierno.
Lo más delicado es que el avance de Sánchez habría sido usado como argumento para acelerar el contrato. Es decir, no se compró solo mirando radares, cielos o defensa territorial; también se miró la pantalla del conteo electoral. Esa mezcla es peligrosa. La defensa nacional no puede administrarse como reacción ante el posible resultado de las urnas. Si un gobierno próximo tiene legitimidad democrática, corresponde que tome decisiones de Estado, no que encuentre compromisos cerrados bajo presión de quienes temían su llegada.
Además, el proceso deja preguntas incómodas. Francia y Suecia, con propuestas de Rafale y Gripen, habrían quedado desplazadas sin la oportunidad plena de sustentar o actualizar sus ofertas, mientras se negoció directamente con Lockheed Martin bajo el argumento de razones geopolíticas y estratégicas. El secreto militar puede proteger información sensible, pero no debe servir como cortina para reducir la competencia ni para esconder decisiones ya tomadas.
Aquí no se trata de negar la importancia de una defensa moderna. Se trata de exigir que una compra de esta magnitud no se cierre entre sombras, presiones externas, temores electorales y contradicciones internas. Porque cuando una institución acelera un contrato contra la posición pública del presidente, la pregunta deja de ser solo cuánto cuestan los aviones. La pregunta es quién conduce realmente las decisiones estratégicas del país.
La FAP puede tener razones técnicas para preferir los F-16. Pero el país merece saber si esas razones fueron suficientes o si el miedo al avance de Sánchez terminó pesando más que la transparencia institucional. Una compra militar no puede despegar desde la sospecha.
Reflexión final
El Perú necesita defensa, pero también necesita democracia. Y ninguna aeronave, por moderna que sea, compensa el daño de tomar decisiones de Estado con prisa electoral y explicaciones incompletas. Ahí está el verdadero escándalo: no en comprar aviones, sino en hacerlo como si las urnas fueran una amenaza. (Foto: Infobae).