30 congresistas denunciados constitucionalmente

Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra

¿Se imagina usted una empresa donde 30 de sus 130 trabajadores estén denunciados por delitos graves —corrupción, organización criminal, concusión— y aun así no solo sigan cobrando su sueldo completo, sino que además tengan poder para decidir sobre la justicia, la economía, la salud y la educación de todo un país?. Bueno, deje de imaginar: eso ya existe. Se llama Congreso de la República del Perú. Y no, no es una distopía, es la más cruda y vergonzosa realidad nacional.

Según reveló la Unidad de Investigación de América Noticias y Canal N, actualmente 30 congresistas tienen denuncias constitucionales pendientes. Y el dato no es nuevo ni sorprendente, pero cada vez que se confirma, debería provocarnos algo más que resignación. Porque no estamos hablando de simples observaciones administrativas: hablamos de investigaciones por corrupción, recorte de sueldos, tráfico de influencias, organización criminal, entre otros encantadores delitos.

Desde 2022 hasta hoy, 41 congresistas fueron denunciados constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación. De ese grupo, 30 siguen intactos en sus curules, blindados por la complicidad parlamentaria, por el fuero que se volvió muro, por la impunidad convertida en protocolo.

Uno de los casos más insultantes es el del congresista Américo Gonza (Perú Libre). En mayo, el Congreso archivó su caso por presunta negociación incompatible (una denuncia que compartía con otros diez parlamentarios). Pero apenas unas semanas después, como si se sintiera invencible —o agradecido— presentó un proyecto de ley para reorganizar el Ministerio Público y declararlo en emergencia por seis meses. Es decir, el mismo que fue investigado, ahora quiere reestructurar a los que lo investigaron. Qué elegancia la de la democracia peruana.

Y no es el único. El congresista José Arriola (Podemos Perú) fue acusado de mochar sueldos a sus trabajadores, obligándolos a «donar» parte de su salario. Katy Ugarte, por su parte, fue denunciada por usar recursos públicos para financiar su imagen personal. Ambas denuncias, como otras 28, duermen plácidamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, ese cómodo refugio que preside María Acuña (APP), donde las denuncias entran… pero no salen.

Entre 2023 y 2024, dicha subcomisión archivó cuatro denuncias contra 14 parlamentarios. En todos los casos, las acusaciones provenían del Ministerio Público. ¿Coincidencia?. Difícil de creer. Más bien parece una estrategia institucionalizada: hacer tiempo, enfriar los casos, manipular los procesos y blindar a los suyos. Y mientras tanto, los señalados siguen legislando como si nada, firmando proyectos, hablando de ética, exigiendo respeto, y por supuesto, cobrando sus sueldos religiosamente.

Pero lo más preocupante no es solo el blindaje: es la naturalización del delito en la función pública. Tener denuncias ya no representa una amenaza, sino una anécdota. En el Perú de hoy, ser congresista te da la posibilidad de legislar para tus propios intereses y protegerte desde dentro del sistema. ¿A quién le importa la ciudadanía cuando el reglamento parlamentario funciona mejor que cualquier abogado?.

El Congreso peruano no es un reflejo de la sociedad: es un síntoma de su degradación institucional. Treinta congresistas con denuncias graves es un escándalo en cualquier parte del mundo. Aquí, en cambio, es miércoles. Es rutina. Es parte del juego político donde el que grita más fuerte en la comisión, gana.

Y no estamos hablando de sospechas vagas ni de reportajes dudosos: hablamos de denuncias presentadas por la Fiscalía de la Nación, sustentadas en investigaciones formales, testimonios, peritajes y documentos. Pero nada de eso basta cuando el Congreso es juez, parte, abogado defensor y tribunal de archivo.

Reflexión final
Este país ya no necesita solo nuevas elecciones: necesita un nuevo pacto ético, un mínimo de vergüenza, un mínimo de justicia. Porque mientras el Congreso siga funcionando como una cooperativa de autoprotección, los ciudadanos seguirán pagando por su propia burla.

Y cuando vuelvas a escuchar a un congresista hablando de «moral», «valores» o «lucha contra la corrupción», recuerda esta cifra: 30 denunciados en funciones. Y ni uno solo suspendido. El Perú no es un Estado fallido. Es peor: es un Estado burlado.