Cuando un país registra 106 muertos y 189 heridos por lluvias, ya no se puede hablar de una temporada difícil. Es una emergencia nacional que expone, con crudeza, no solo la fuerza de la naturaleza, sino la debilidad del Estado. El último reporte del COE Salud no deja espacio para interpretaciones optimistas: las precipitaciones han golpeado vidas, infraestructura y, sobre todo, la capacidad de respuesta de un sistema que vuelve a reaccionar cuando el daño ya es irreversible.
El problema no es nuevo. Y ahí radica lo más grave. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres identificó 2.203 puntos críticos en nueve regiones del país. Más de 2,8 millones de peruanos estaban en riesgo alto o muy alto frente a inundaciones, huaicos y deslizamientos. Es decir, el desastre no sorprendió a nadie. Estaba advertido, mapeado y documentado. Sin embargo, el impacto volvió a ser el mismo: vidas perdidas, pueblos afectados y familias abandonadas a su suerte.
Esa repetición no es casualidad. Es consecuencia de una lógica que privilegia la reacción sobre la prevención. Se elaboran estudios, se anuncian alertas, se presentan planes, pero en el territorio la realidad sigue siendo la misma: viviendas en zonas vulnerables, infraestructura débil y autoridades que llegan cuando la tragedia ya ocurrió. El resultado es un país que convive con el riesgo como si fuera parte inevitable de su destino.
El golpe no se limita a las cifras humanas. El sistema de salud también ha sido impactado. Un total de 790 establecimientos sanitarios han resultado afectados, varios de ellos operando en condiciones precarias y otros sin funcionamiento. En medio de esa fragilidad, el país enfrenta además el incremento de enfermedades como la leptospirosis, que ya supera los mil casos. Las lluvias no solo destruyen infraestructura; también multiplican riesgos sanitarios que encuentran terreno fértil en zonas sin saneamiento adecuado.
Y en medio de todo esto, las escenas se repiten: familias cargando baldes, comunidades que ven desaparecer sus viviendas, escolares arrastrados por ríos desbordados. Historias que conmueven, sí, pero que también evidencian una falla estructural. Porque cuando la tragedia se vuelve recurrente, deja de ser solo natural y empieza a ser también institucional.
Las 106 muertes no son solo una estadística. Son la prueba de que el país sigue sin cerrar brechas básicas en gestión de riesgos, infraestructura y prevención. Y mientras eso no cambie, cada temporada de lluvias seguirá escribiendo la misma historia con distintos nombres.
Reflexión final
La lluvia no se puede evitar. El desastre, muchas veces, sí. Pero eso exige planificación, inversión y decisión política sostenida. Cuando esas condiciones no se cumplen, el país no enfrenta solo fenómenos naturales: enfrenta las consecuencias de su propia inercia. Y en esa inercia, una vez más, los más vulnerables terminan pagando el precio más alto.(Foto: Diario La Prensa).