Perú cambia las reglas para la donación de órganos y el debate no podía ser más delicado ni más urgente. En un país donde apenas el 10% de los pacientes en lista de espera logra acceder a un trasplante, el Estado ha decidido mover una pieza sensible: simplificar el proceso para que la negativa no dependa de familiares cuando la persona fallecida no expresó en vida su rechazo a donar. La medida apunta a salvar más vidas. Pero también obliga a discutir algo de fondo: si el problema peruano era solo normativo o si, una vez más, se intenta corregir una tragedia estructural con una reforma que todavía deberá probar su eficacia real.
La propuesta del Minsa introduce cambios importantes. Actualiza los criterios para diagnosticar muerte encefálica, obliga a los establecimientos de salud a reportar de inmediato a potenciales donantes, exige capacitación continua del personal médico y adopta un modelo de consentimiento presunto. En términos técnicos, el objetivo parece razonable: agilizar la procura de órganos y evitar que trámites, vacíos o demoras terminen frustrando trasplantes que podrían salvar vidas.
Sin embargo, una reforma tan sensible no puede analizarse solo desde la necesidad estadística. Claro que el país necesita mejorar su tasa de trasplantes. Claro que no resulta aceptable que nueve de cada diez pacientes en espera no reciban el órgano que necesitan. Pero también es cierto que la confianza pública en el sistema sanitario no se decreta. Se construye. Y allí aparece la primera gran dificultad: si el Estado quiere que la sociedad acompañe este cambio, tendrá que demostrar que actúa con máxima transparencia, rigor médico y ética incuestionable.
El problema, por tanto, no está únicamente en la familia que objeta una extracción. También está en el sistema que muchas veces llega tarde, coordina mal y explica poco. Porque para que una norma como esta funcione, el ciudadano debe creer que el diagnóstico de muerte encefálica será impecable, que la trazabilidad será clara y que el procedimiento estará blindado contra abusos, improvisaciones o desorden institucional. En un país donde la salud pública arrastra tantas carencias, pedir esa confianza exige más que una publicación en consulta pública.
Además, el debate toca una fibra humana profunda. La donación de órganos no es solo una política sanitaria; es una cuestión de cultura, duelo, valores y vínculo familiar. Por eso, cualquier cambio que acelere procesos debe ir acompañado de educación pública masiva, pedagogía clara y un esfuerzo sostenido para que la población entienda que donar puede significar la continuidad de varias vidas.
Perú cambia las reglas para la donación de órganos porque el sistema actual no alcanza. Y en ese diagnóstico, el Estado tiene razón. Pero si quiere que la reforma sea legítima y eficaz, deberá hacer algo más que cambiar artículos: tendrá que fortalecer hospitales, capacitar equipos, informar con claridad y ganarse la confianza que hoy aún no tiene plenamente.
Reflexión final
Salvar vidas exige decisiones valientes, pero también instituciones confiables. Si esta reforma se aplica con seriedad, puede convertirse en un avance humanitario importante. Si se queda solo en el papel o se impone sin construir legitimidad social, el país volverá a tropezar con su viejo problema: buenas intenciones atrapadas en un sistema que no siempre sabe convertirlas en resultados. (Foto: Infobae).