En el Perú, la política siempre encuentra formas creativas de parecer legal mientras huele a dependencia. La investigación de OjoPúblico reveló que al menos 42 funcionarios del Congreso aportaron más de S/181 mil a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, George Forsyth, José Williams, Vladimir Cerrón y José Luna Gálvez para las Elecciones Generales 2026. Lo más delicado no es solo el monto. Es que el 69% de esos aportes se concentra en Fuerza Popular y Somos Perú, y que el 81% de los aportantes trabaja en oficinas y comisiones que dependen directamente de esas agrupaciones políticas. Cuando el sueldo sale del Congreso y el aporte termina en la campaña del jefe político, el problema ya no es solo contable: es profundamente moral.
El caso de Carmela Paucará Paxi retrata con precisión esta vieja costumbre peruana de mezclar lealtad partidaria, empleo público y financiamiento electoral como si todo formara parte del mismo paquete. Exsecretaria de Keiko Fujimori, trabajadora del Congreso bajo el amparo de Fuerza Popular y hoy candidata a diputada, Paucará aportó S/14.310 en especies a la campaña fujimorista, incluyendo alquiler de equipos audiovisuales y la compra de mil gorros. Junto a ella, otros trabajadores del Parlamento financiaron actividades de Fuerza Popular por más de S/75 mil. La pregunta incómoda no es si podían aportar. La pregunta es cuánta libertad real tiene un trabajador que le debe el puesto a una estructura política y termina financiando a esa misma estructura.
En Somos Perú, la escena cambia de formato, pero no de fondo. 13 trabajadores del Congreso aportaron más de S/51.600 en efectivo a la campaña de George Forsyth. Entre ellos figura Ana Li Sotelo, hermana de la presidenta del partido, con S/10.000; también aparecen otros militantes que laboran en comisiones y oficinas vinculadas a congresistas de esa agrupación. La defensa partidaria, como siempre, es elegante en la superficie: todo sería voluntario, normal y esperable. Pero la política peruana ya ha abusado demasiado del adjetivo “voluntario” como para que el país no mire con sospecha esta cadena de aportes desde planillas estatales hacia campañas de sus superiores políticos.
OjoPúblico recoge además las alertas de especialistas. El abogado Alejandro Rospigliosi advierte que esto refleja una competencia desigual entre partidos con representación parlamentaria y aquellos que no la tienen, porque los primeros cuentan con una cantera de trabajadores contratados que luego pueden convertirse en aportantes. Y Samuel Rotta añade el punto más perturbador: en un Congreso con estándares de contratación tan bajos, no hay forma clara de distinguir entre confianza política y pago de favores. Dicho de otro modo: el Parlamento corre el riesgo de funcionar también como vivero de financiamiento electoral para quienes ya controlan sus oficinas.
Todo esto no prueba por sí solo ilegalidad automática. Pero sí desnuda una práctica que erosiona la equidad electoral y alimenta la sospecha de que algunos partidos no solo ocupan el Congreso para legislar, sino también para construir músculo financiero de campaña desde el aparato que dominan.
Reflexión final
La democracia no se degrada únicamente cuando se roba dinero público. También se degrada cuando el empleo público queda atrapado en una red de lealtades donde el trabajador termina financiando al jefe político que le da cobijo. Y si el Congreso ya funciona como refugio de favores, convertirlo además en semillero de aportantes partidarios sería una obscenidad institucional demasiado peruana para seguir fingiendo que es normal.(Foto: Avanza País).