Desde hoy, el Perú entra en una fase curiosa de su democracia: la etapa en la que, para garantizar el orden electoral, se activan prohibiciones, sanciones y controles que recuerdan más a un sistema en vigilancia que a uno en plena confianza. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dispuesto una serie de restricciones de cara al 12 de abril, y aunque su objetivo es legítimo —proteger la limpieza del voto—, el contexto en el que se aplican revela una verdad incómoda: seguimos necesitando reglas estrictas porque la política no ha aprendido a autorregularse.
La primera gran medida ya está vigente desde este 6 de abril a las 00:00 horas: queda prohibida la difusión de encuestas de intención de voto. Quien incumpla enfrenta multas de entre 10 y 100 UIT, es decir, hasta S/550.000. El mensaje es claro: el silencio estadístico es obligatorio. Pero detrás de la norma hay una realidad menos elegante: las encuestas no solo informan, también incomodan, y en campañas donde todo es estrategia, el dato puede ser más peligroso que el discurso.
Luego, el calendario se vuelve aún más restrictivo. Desde el viernes 10 de abril, se prohíben las reuniones y manifestaciones políticas. La sanción no es simbólica: puede implicar hasta dos años de cárcel. Es decir, la política entra en pausa obligatoria, como si el sistema necesitara apagar el ruido de sus propios excesos para llegar con algo de orden al día de votación.
El sábado 11 entra en escena el conocido ritual electoral: la suspensión total de la propaganda política y la famosa “Ley Seca”, vigente desde las 8:00 a.m. hasta el lunes. Aquí la ironía es inevitable: se controla el alcohol con rigor quirúrgico, mientras el país arrastra una resaca política mucho más profunda, marcada por campañas débiles, candidaturas cuestionadas y una ciudadanía cada vez más desconectada.
El domingo 12, durante la jornada electoral, el país prácticamente se detiene: no hay espectáculos públicos, ni reuniones, ni concentraciones cerca de los centros de votación. En un radio de 100 metros, el ciudadano debe limitarse a votar y retirarse. Todo bajo la supervisión de fiscalizadores que velarán porque el proceso transcurra “con normalidad”. Una normalidad que, paradójicamente, necesita ser vigilada para existir.
Las restricciones electorales cumplen una función necesaria. Nadie discute eso. Pero su despliegue masivo también es un síntoma: el sistema político peruano sigue operando bajo la lógica de la desconfianza. No se regula por convicción, sino por obligación.
Reflexión final
Quizá el problema no sea que existan tantas restricciones, sino que sigan siendo indispensables. Porque una democracia sólida no debería necesitar tanto silencio impuesto para poder hablar en las urnas. Y sin embargo, cada elección en el Perú nos recuerda que todavía estamos aprendiendo —a la fuerza— a comportarnos como una verdadera república.