La pregunta parece simple: ¿a qué hora empieza la ley seca en Perú? La respuesta oficial también lo es: comienza a las 8:00 a. m. del sábado 11 de abril y termina a las 8:00 a. m. del lunes 13 de abril, en aplicación del artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones. Durante ese periodo queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas y los negocios que incumplan se exponen a sanciones. Pero detrás del calendario de prohibiciones hay una verdad más incómoda: el Estado peruano vuelve a mostrar que sabe restringir con claridad lo accesorio, mientras sigue fallando en explicar con la misma eficacia lo esencial del proceso electoral.
La ley seca forma parte de un paquete de restricciones pensado para preservar el orden durante los comicios del domingo 12 de abril, cuando los peruanos elegirán presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. También se restringen reuniones cerca de las mesas, la portación de armas y ciertas actividades públicas. El objetivo declarado es razonable: garantizar una jornada tranquila y segura.
Sin embargo, conviene poner el foco donde corresponde. El principal riesgo de estas elecciones no parece estar en una botella abierta antes de tiempo, sino en la desinformación, la complejidad del voto y la fragilidad de la pedagogía electoral. Este proceso trae de vuelta la bicameralidad, incorpora una cédula más compleja y exige que millones comprendan mejor qué eligen y cómo votan. Sin embargo, distintos reportes han advertido que una parte importante del electorado aún no sabe bien cómo votar, especialmente para el Senado. Allí el problema no es el alcohol. Es la falta de claridad institucional.
Y esa contradicción es reveladora. El Estado sí puede fijar con precisión que la ley seca dure 48 horas, sí puede anunciar multas y cierres de locales, sí puede desplegar un calendario de control. Pero no ha logrado con la misma contundencia que el ciudadano llegue plenamente informado a una elección históricamente compleja. Se vigila el desorden externo, mientras el desorden cívico —hecho de dudas, errores de voto y escasa comprensión del sistema— sigue avanzando.
Más aún, esta lógica revela una vieja debilidad peruana: preferimos administrar conductas antes que fortalecer ciudadanía. Prohibimos con firmeza, pero explicamos con insuficiencia. Regulamos la víspera, pero descuidamos la formación democrática de largo plazo. Como si el orden electoral dependiera más del cierre de bares que de la confianza en la política, la calidad de la información y la seriedad de los actores que compiten.
La ley seca puede tener sentido como medida preventiva. Nadie discute que una elección debe desarrollarse con calma. Pero sería ingenuo creer que el orden democrático se garantiza solo con prohibiciones de fin de semana.
Reflexión final
El Perú vuelve a demostrar que sabe prohibir a tiempo. Lo que todavía no demuestra con la misma consistencia es que sabe preparar al ciudadano para decidir bien. Y en una elección tan compleja como la del 12 de abril, esa carencia pesa bastante más que cualquier copa servida fuera de hora. (Foto: Wapa).