En el Perú, demasiados comercios han convertido la arbitrariedad en costumbre. “No se aceptan billetes de S/200”, “no hay cambio”, “no se aceptan devoluciones”: frases que aparecen en vitrinas, cajas y boletas como si estuvieran respaldadas por alguna ley, cuando en realidad muchas veces encubren restricciones ilegales al consumidor. Por eso, la sanción de Indecopi a un restaurante por rechazar billetes de S/200 como modo de pago no es un hecho menor. Es una llamada de atención contra una práctica que se ha normalizado con demasiada facilidad y que ya era hora de frenar.
El caso del establecimiento “Postres de Julieta”, en Áncash, retrata una deformación muy extendida: trasladar al cliente los costos, temores o deficiencias del negocio. Si un local teme recibir billetes falsificados, le corresponde verificar su autenticidad. Si tiene problemas para dar vuelto, debe organizar mejor su operación. Lo que no puede hacer es decidir unilateralmente que un billete de curso legal deja de ser aceptable porque le resulta incómodo.
Ahí está el núcleo del abuso. Rechazar billetes de S/200 no es una política interna inocente ni una preferencia comercial. Es una limitación indebida al derecho del consumidor a utilizar dinero válido reconocido por el Estado. Y cuando ese rechazo se exhibe en carteles o comprobantes, el mensaje es todavía más grave: se le hace creer al cliente que el comercio tiene una autoridad que en realidad no posee.
La resolución también abordó otra práctica habitual y profundamente cuestionable: la frase “No se aceptan cambios ni devoluciones”. Durante años, muchos establecimientos han querido imponerla como si bastara imprimirla para borrar la ley. Pero no. Si un producto presenta fallas o si un servicio no cumple con lo ofrecido, el consumidor conserva el derecho a reclamar, exigir reposición, reparación o devolución del dinero. Ningún aviso puede eliminarlo de antemano.
Lo verdaderamente preocupante es que este caso no es excepcional. En muchas ciudades del país, pequeños y medianos negocios siguen actuando como si el cumplimiento de los derechos del consumidor fuera opcional. Allí está la importancia de esta sanción: no solo corrige una infracción puntual, sino que expone una cultura comercial donde todavía se cree que el cliente debe adaptarse al abuso antes que el proveedor a la ley.
Sancionar a un restaurante por rechazar billetes de S/200 como modo de pago no es un exceso regulatorio. Es una medida básica de orden y justicia en un mercado donde muchos han querido fijar reglas propias al margen de la norma. Porque el consumidor no está obligado a soportar restricciones inventadas ni cláusulas que busquen desalentar sus reclamos.
Reflexión final
La defensa del consumidor no debería aparecer como una reacción ocasional, sino como una presencia firme en todo el país. Porque cuando un negocio pretende decidir qué billete vale, qué reclamo escucha y qué derecho reconoce, no solo se afecta una compra. Se erosiona una idea fundamental: que la ley también debe cumplirse detrás del mostrador. (Foto: Latina Noticias).