En el Perú, pocas expresiones se repiten tanto en época electoral como la famosa “ley seca”. Se anuncia con solemnidad, se difunde con tono de advertencia y se instala como si se tratara de una norma autónoma, severa e indiscutible. Pero no. La llamada “ley seca” no es una ley en sí misma, sino un artículo de la Ley Orgánica de Elecciones. Y ese detalle, que parece técnico, en realidad dice mucho sobre cómo funciona nuestro desorden cívico: se informa a medias, se repite sin precisión y se deja al ciudadano atrapado entre el rumor, el susto y la interpretación improvisada.
La norma establece que desde las 8 de la mañana del día anterior a la elección hasta las 8 de la mañana del día siguiente no está permitido el expendio de bebidas alcohólicas y deben cerrar los establecimientos dedicados exclusivamente a esa venta. Es decir, regula la comercialización. No prohíbe de manera literal que una persona consuma alcohol en su casa si lo adquirió antes del plazo restringido. Sin embargo, en el lenguaje cotidiano, en titulares y conversaciones, se sigue afirmando que “no se puede tomar”, como si la prohibición fuese absoluta.
Ese desfase entre lo que dice realmente la norma y lo que se instala en la opinión pública no es menor. Es una señal de un viejo problema nacional: la costumbre de convertir disposiciones legales en frases populares mal entendidas. Así, el país termina obedeciendo una caricatura de la norma, no la norma misma. Y eso en democracia también es grave. Porque una ciudadanía que no comprende con claridad las reglas del juego queda más expuesta al abuso, a la arbitrariedad y al miedo.
La confusión aumenta cuando se habla de sanciones. La multa y la eventual pena están dirigidas a quienes hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente al expendio de bebidas alcohólicas. No están planteadas, en el texto citado, para el simple consumidor. Pero otra vez aparece el mismo reflejo: se comunica con estridencia la amenaza, pero no con la misma claridad el alcance real de la disposición.
El fondo de la medida puede discutirse, pero tiene una lógica comprensible: reducir riesgos de desorden en una jornada electoral. El problema no es que exista una restricción; el problema es que el Estado, los medios y la conversación pública la presentan de manera imprecisa, como si el ciudadano debiera adivinar qué parte del mito coincide con el texto legal.
La llamada “ley seca” no es ley, sino un artículo de la Ley Orgánica de Elecciones. Y aunque regula la venta de alcohol durante un periodo específico, su aplicación pública ha estado rodeada de simplificaciones que alimentan más confusión que educación cívica.
Reflexión final
Una democracia seria no solo necesita normas, sino también claridad. Porque cuando el Estado comunica mal, el ciudadano no ejerce sus derechos con información, sino con temor. Y un país que convierte sus reglas en rumores termina votando, una vez más, entre sombras en lugar de certezas.