El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) no es un trámite más: es un compromiso legal con la vida y la salud. Su esencia es la inmediatez. Sin embargo, cuando esa promesa se rompe, el sistema entero pierde credibilidad. La reciente sanción de Indecopi a Rímac Seguros por incumplir el pago oportuno del SOAT vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando quien debe proteger al ciudadano se convierte en su principal obstáculo?.
El caso es claro y, por lo mismo, preocupante. Un ciudadano que sufrió invalidez permanente tras un accidente esperó lo que la ley no permite: más de diez días para recibir una respuesta efectiva. El plazo no es arbitrario; responde a una lógica de urgencia. No se trata de una indemnización cualquiera, sino de recursos que muchas veces definen la continuidad de tratamientos médicos, la estabilidad económica y, en no pocos casos, la dignidad de una persona afectada.
La defensa de la aseguradora, basada en una comunicación vía correo electrónico y en la derivación a una evaluación médica, no logró sostenerse. ¿La razón? El procedimiento mismo estaba condicionado. Obligar al usuario a utilizar un canal específico no solo limita su libertad de elección, sino que desnaturaliza el servicio. La burocracia, en estos casos, no es neutral: es una forma silenciosa de exclusión.
El problema de fondo no es únicamente el retraso, sino la cultura que lo permite. En el Perú, el SOAT es exigido con rigor al ciudadano. Circular sin él implica sanciones inmediatas. Pero cuando el incumplimiento proviene del lado empresarial, la respuesta suele ser más lenta, más técnica, más distante. Esa asimetría es la que erosiona la confianza. Porque mientras el usuario cumple por obligación, la empresa parece cumplir por conveniencia.
La decisión de Indecopi no solo corrige un caso particular; marca una línea. Establece que los plazos no son referenciales, que la idoneidad del servicio no es negociable y que los derechos del consumidor no pueden quedar subordinados a procedimientos internos. La multa y la orden de pago son, en ese sentido, una señal necesaria, aunque insuficiente si no se traduce en cambios reales dentro del sistema asegurador.
Reflexión final
El SOAT fue creado para responder rápido cuando la vida se detiene. Cada día de retraso no es un simple incumplimiento administrativo: es una prolongación del daño. Y en un país donde los accidentes no esperan, la justicia tampoco debería hacerlo. Porque cuando el seguro falla en el momento crítico, no solo se incumple un contrato: se quiebra un principio básico de responsabilidad social. (Revista Ganamas).
