La decisión de Rafael López Aliaga de ofrecer una recompensa de S/ 20 000 a quienes entreguen pruebas sobre un supuesto “fraude” electoral ha colocado en el centro de la discusión un tema crucial para toda democracia: la diferencia entre denunciar y demostrar. Según RPP, el candidato de Renovación Popular convocó a trabajadores de la ONPE, del JNE y de empresas vinculadas al proceso a remitir información “veraz y comprobable” sobre presuntas irregularidades, mientras el conteo oficial seguía en curso.
Más allá de la controversia inmediata, este episodio deja una enseñanza que conviene subrayar con serenidad. En una democracia sana, la transparencia no debe ser temida, sino fortalecida. Toda denuncia puede y debe ser investigada cuando existe sustento, porque la vigilancia ciudadana y política forma parte del equilibrio institucional. Sin embargo, esa vigilancia gana legitimidad solo cuando se apoya en evidencias concretas y no en percepciones o sospechas que aún no han sido acreditadas. Esa es, precisamente, la responsabilidad mayor en momentos de alta tensión electoral.
También es importante distinguir entre problemas logísticos y una alteración deliberada del voto. Diversos reportes han señalado que sí hubo retrasos y desorden en la apertura de mesas, pero hasta ahora las misiones de observación electoral, incluidas las de la Unión Europea y la OEA, no han informado indicios de fraude sistemático. Reuters reportó el 16 de abril que observadores europeos no habían encontrado evidencias que respalden esas acusaciones, mientras Transparencia pidió esperar el cierre del escrutinio con prudencia y respeto a las reglas.
En ese contexto, el gesto de ofrecer una recompensa puede ser leído de dos maneras. Por un lado, como una señal de presión política y de fuerte desconfianza frente al proceso. Por otro, como una oportunidad para recordar que, si alguien afirma que existió manipulación, el camino correcto no es la consigna, sino la prueba. Allí reside la madurez democrática: en permitir la fiscalización, pero exigir que esta se exprese por canales legales, documentados y responsables. Incluso juristas citados por RPP han advertido que no corresponde precipitar conclusiones penales sin una base sólida.
La recompensa anunciada por López Aliaga ha encendido el debate, pero también ha puesto sobre la mesa una verdad elemental: la democracia necesita convicciones, sí, pero sobre todo necesita pruebas. Cuando la controversia se encauza institucionalmente, el sistema se fortalece en lugar de fracturarse.
Reflexión final
El Perú necesita hoy menos sospechas convertidas en certezas instantáneas y más compromiso con la verdad verificable. Si existen irregularidades, deben investigarse; si no existen pruebas, debe prevalecer la responsabilidad. La confianza pública no se protege negando preguntas, sino respondiéndolas con hechos. Y esa sigue siendo la mejor defensa de cualquier elección. (Foto: NoticiasTrujillo).