La Sunat ha puesto la mira sobre un terreno que creció sin pausa en los últimos años: las ventas por redes sociales. Con la aprobación del Decreto Supremo 058-2026-EF, la fiscalización tributaria se extiende con mayor fuerza al entorno digital, permitiendo que inspectores supervisen operaciones realizadas por Facebook, TikTok, WhatsApp, aplicativos y páginas web. En apariencia, la medida busca ordenar un mercado donde miles venden a diario. Pero en el fondo abre una discusión más compleja: cómo fiscalizar sin convertir la formalización en una amenaza permanente para el pequeño emprendedor.
El principio general no admite demasiada discusión. Si hay una venta, debe haber comprobante. Si existe actividad económica, corresponde cumplir obligaciones tributarias. El problema no está en esa exigencia, sino en la forma en que el Estado decide hacerla cumplir. La norma permite que los fedatarios fiscalizadores intervengan operaciones digitales e incluso actúen como compradores para comprobar si el vendedor cumple con emitir el comprobante de pago.
Ese detalle cambia el tono del debate. Ya no estamos solo ante una supervisión administrativa, sino ante un esquema donde la autoridad puede ingresar de manera encubierta al circuito comercial digital. Y aunque eso pueda parecer eficaz desde la lógica del control, también plantea un riesgo: que la fiscalización se parezca más a una emboscada que a una política seria de formalización.
El Perú necesita ampliar su base tributaria, sin duda. Pero también necesita reconocer que una parte importante del comercio digital está formada por pequeños negocios, emprendimientos familiares y vendedores informales que encontraron en las redes sociales una salida frente al desempleo, la precariedad y la falta de oportunidades. Cuando el Estado aparece primero para sancionar y no para orientar, el mensaje se vuelve contradictorio: se exige formalidad, pero no siempre se construyen las condiciones para alcanzarla.
La fiscalización de ventas por redes sociales era, en algún momento, inevitable. El comercio cambió, y el control también tenía que cambiar. Sin embargo, la legitimidad de esta medida no dependerá solo de cuántas infracciones detecte Sunat, sino de cuánta proporcionalidad y sensatez demuestre en su aplicación. Fiscalizar no debe ser sinónimo de perseguir; ordenar no debería convertirse en intimidar.
Reflexión final
El desafío real no es solo cobrar impuestos, sino construir confianza en la ley. Si Sunat entra a las redes sociales para corregir abusos y ampliar la formalidad con equilibrio, habrá dado un paso necesario. Pero si entra únicamente con lógica punitiva, podría terminar castigando más rápido al pequeño vendedor que al gran evasor. Y ahí el problema ya no sería tributario, sino profundamente político: otro Estado severo con el débil y tolerante con el poderoso. (Foto: Perú Retail).