Otra vez el Gobierno prorroga el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días. Otra vez se anuncia control policial, apoyo militar, restricción de derechos y operativos en zonas críticas. Otra vez se promete recuperar las calles. Y otra vez la ciudadanía tiene razones para preguntar: ¿cuántas prórrogas más necesita el Estado para admitir que esta receta no está funcionando? La emergencia dejó de ser una medida excepcional y se ha convertido en la coartada burocrática de gobiernos que no tienen un verdadero plan contra la criminalidad.
La medida, vigente desde el 29 de abril de 2026, mantiene a la Policía Nacional a cargo del orden interno con respaldo de las Fuerzas Armadas. También conserva restricciones a derechos como la libertad de tránsito, reunión, seguridad personal e inviolabilidad de domicilio. Según el discurso oficial, las acciones se concentrarán en zonas de alta incidencia delictiva, con inteligencia operativa, mapas del delito y despliegue estratégico.
El problema es que esas palabras ya suenan demasiado conocidas. Se dijeron antes, se repitieron en otros gobiernos y se reciclan ahora con nuevos firmantes. Mientras tanto, los extorsionadores siguen cobrando cupos, los transportistas siguen siendo amenazados, los comerciantes siguen bajando la mirada ante las mafias y muchas familias siguen viviendo con miedo. El decreto cambia de fecha; la angustia ciudadana permanece.
El estado de emergencia se ha vuelto el comodín del fracaso estatal. Lo aplicó Dina Boluarte, lo continuó José Jerí y ahora lo prorroga José Balcázar. Cambian los nombres, pero no cambia la impotencia. Cada gobierno presenta la medida como si fuera una gran decisión de autoridad, cuando en realidad termina pareciendo una admisión de que no existe una estrategia nacional contra el crimen organizado.
Porque la extorsión no se derrota con anuncios ni con uniformes en las esquinas. Se derrota con inteligencia financiera, control penitenciario real, fiscales especializados, reforma policial, tecnología, protección a denunciantes y golpes sostenidos a las redes criminales. Sin eso, la emergencia es apenas escenografía de seguridad: mucho despliegue, mucha declaración y pocos resultados visibles.
Desde esta tribuna, corresponde decirlo sin rodeos: prorrogar estados de emergencia se ha vuelto una costumbre vergonzosa. Restringir derechos no puede ser el sustituto de gobernar. El ciudadano necesita seguridad, no ceremonias de impotencia oficial. Necesita saber cuántas bandas fueron desarticuladas, cuántos cabecillas cayeron, cuántas llamadas extorsivas desde penales fueron bloqueadas y cuántos territorios fueron realmente recuperados. Si el Gobierno no puede responder con cifras, entonces no está gobernando la seguridad: está administrando el miedo. Y esa diferencia es enorme.
Otra vez Lima y Callao están en emergencia. Otra vez el Estado promete control. Otra vez la realidad parece responder con muertos, amenazas y extorsión. La pregunta ya no es si la medida es dura, sino si sirve.
Porque cuando una emergencia se repite sin resultados, deja de ser herramienta y se convierte en símbolo de fracaso. Y cuando el crimen sigue avanzando mientras el Gobierno firma decretos, la ciudadanía entiende algo doloroso: el Estado no ha recuperado las calles; apenas ha prorrogado su incapacidad. (Foto: Exitosa).