El colapso del sistema penitenciario peruano es una realidad imposible de ocultar. De las 69 cárceles existentes en el país, 52 se encuentran sobrepobladas. Más de 63 mil internos exceden la capacidad instalada del sistema y, en algunos penales, el hacinamiento supera el 400%. Las cifras son alarmantes y revelan una crisis que lleva años creciendo ante la mirada pasiva de sucesivos gobiernos.
Sin embargo, frente a este escenario crítico, surge una propuesta que genera legítima preocupación ciudadana: liberar internos condenados por omisión de asistencia familiar como mecanismo para reducir la sobrepoblación carcelaria. La pregunta es inevitable: ¿se busca resolver el problema de fondo o simplemente reducir temporalmente las cifras de una crisis que el propio Estado permitió que se descontrole?
Nadie discute que el hacinamiento penitenciario constituye una emergencia nacional. Las condiciones dentro de muchos establecimientos penales son incompatibles con cualquier política seria de rehabilitación. La falta de espacio, los deficientes servicios de salud, la escasez de recursos y las dificultades para garantizar seguridad convierten a numerosos penales en símbolos visibles del fracaso de décadas de improvisación estatal.
Pero reconocer el problema no significa aceptar cualquier solución.
La omisión de asistencia familiar no es un asunto menor. Detrás de cada sentencia existen niños, adolescentes y familias que durante meses o años dejaron de recibir recursos básicos para alimentación, salud, educación y desarrollo. Reducir el debate únicamente a una cifra penitenciaria corre el riesgo de invisibilizar a las verdaderas víctimas de estos incumplimientos.
Resulta preocupante que el Estado pretenda enfrentar las consecuencias de su falta de planificación mediante medidas que generan la percepción de una flexibilización de las responsabilidades judiciales. La sobrepoblación no apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de años de ausencia de infraestructura penitenciaria, falta de inversión, políticas criminales desarticuladas y escasa planificación de largo plazo.
La paradoja es evidente. Durante años se aprobaron leyes más severas, se incrementaron penas y se promovieron discursos de mano dura contra la delincuencia. Sin embargo, no se construyeron suficientes establecimientos penitenciarios ni se fortalecieron adecuadamente los programas de reinserción social. El resultado es un sistema que hoy se encuentra desbordado.
Más preocupante aún es que la liberación de internos pueda ser percibida como una solución estructural cuando en realidad constituye una medida de emergencia. Ningún país resuelve el colapso de sus cárceles únicamente reduciendo temporalmente su población penitenciaria. La verdadera solución pasa por una reforma integral del sistema de justicia, una política penitenciaria moderna y una estrategia nacional que combine sanción, rehabilitación y prevención.
Desde La Caja Negra consideramos que el hacinamiento penitenciario es una vergüenza nacional que expone la incapacidad de sucesivos gobiernos para planificar y gestionar uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia.
Pero también creemos que el Estado no puede responder a una crisis estructural mediante decisiones que generan dudas sobre la firmeza de las sanciones y la protección efectiva de las víctimas.
El problema no son únicamente las cárceles llenas. El problema es la ausencia de una política pública seria para evitar que llegaran a ese nivel de colapso.
La sobrepoblación penitenciaria exige respuestas urgentes. Sin embargo, las soluciones rápidas suelen convertirse en nuevos problemas cuando no atacan las causas reales de la crisis.
Reflexión final
Las cárceles reflejan el estado de una nación. Cuando los penales colapsan, también colapsa la capacidad del Estado para planificar, prevenir y rehabilitar. El Perú necesita más que medidas de emergencia. Necesita una reforma profunda de su sistema penitenciario y judicial. Porque liberar internos puede reducir temporalmente las estadísticas, pero no resolverá el fracaso institucional que permitió que 52 de las 69 cárceles del país llegaran a una situación crítica. Y mientras ese problema permanezca intacto, la próxima crisis ya estará esperando detrás de los muros. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).