El fútbol peruano enfrenta una de las amenazas más peligrosas de su historia reciente. No se trata únicamente de malos resultados, crisis institucionales o problemas económicos. El verdadero riesgo se encuentra en la sombra que proyectan las sospechas de manipulación de partidos, el avance de las mafias vinculadas a las apuestas deportivas y la creciente desconfianza de los aficionados hacia la transparencia de las competencias.
En este contexto, el debate en torno a la Autógrafa del Proyecto de Ley N.º 9645-2024/CR ha adquirido una relevancia que trasciende el ámbito deportivo. Lo que está en discusión no es solamente una reforma legal. Se trata de definir si el Estado peruano contará con herramientas efectivas para proteger la integridad de las competencias y garantizar la sostenibilidad financiera de una industria que hoy se ha convertido en uno de los principales soportes económicos del fútbol nacional.
La preocupación no es exagerada. Diversos informes internacionales sobre integridad deportiva han colocado al Perú entre los paÃses con mayores alertas por presuntos amaños de partidos. Reportes de la firma especializada Sportradar llegaron a ubicar al paÃs entre las naciones con más encuentros sospechosos registrados a nivel mundial, una situación que afecta directamente la credibilidad del campeonato peruano y la imagen del deporte nacional.
Durante años, las sanciones contra quienes alteraban resultados deportivos quedaron limitadas al ámbito federativo. Futbolistas, árbitros, dirigentes o entrenadores podÃan ser suspendidos o inhabilitados por la Federación Peruana de Fútbol o por la FIFA, pero rara vez enfrentaban consecuencias penales. Este vacÃo normativo permitió que organizaciones vinculadas a apuestas ilegales encontraran espacios para operar con relativa facilidad.
Precisamente para cerrar esa brecha legal, el Congreso aprobó en su momento la Autógrafa del Proyecto de Ley N.º 9645-2024/CR. La propuesta incorpora el artÃculo 197-A al Código Penal y establece penas de hasta ocho años de prisión para quienes participen en la manipulación de resultados deportivos con fines relacionados con apuestas. Además, contempla sanciones de inhabilitación para ejercer funciones dirigenciales, arbitrales o deportivas, asà como castigos para quienes ofrezcan, entreguen o reciban beneficios indebidos destinados a alterar el normal desarrollo de una competencia.
Sin embargo, la norma aún no se encuentra vigente. Aunque fue aprobada por unanimidad en el Congreso, el Poder Ejecutivo decidió observarla y devolverla al Parlamento. La principal discrepancia no se encuentra en la lucha contra los amaños, aspecto que genera amplio consenso, sino en las modificaciones tributarias vinculadas a la actividad de las apuestas deportivas.
El Ejecutivo cuestionó especialmente la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicada a operadores locales y determinadas disposiciones relacionadas con plataformas extranjeras. Desde el Ministerio de EconomÃa y Finanzas se advirtió que estos cambios podrÃan generar una significativa disminución de la recaudación fiscal anual. Como consecuencia, la autógrafa permanece pendiente de una eventual aprobación por insistencia o de una nueva fórmula consensuada entre el Congreso y el Gobierno.
Mientras tanto, la incertidumbre legal comienza a generar efectos concretos sobre la economÃa del deporte. Los clubes profesionales han manifestado públicamente su preocupación por la disminución de contratos de patrocinio provenientes de empresas de apuestas deportivas, actualmente uno de los principales auspiciadores del fútbol peruano.
Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Sport Boys, Cienciano, Atlético Grau y otros equipos han advertido que la falta de reglas claras está afectando inversiones destinadas al desarrollo institucional, divisiones menores, infraestructura deportiva, fútbol femenino y sostenibilidad financiera.
La controversia revela una contradicción recurrente en el paÃs. Por un lado, el Estado busca incrementar la recaudación tributaria. Por otro, necesita preservar una industria que aporta recursos fundamentales al deporte profesional. La ausencia de consensos termina generando un escenario donde todos pierden. Los clubes reducen ingresos, los inversionistas postergan decisiones y las autoridades continúan enfrentando limitaciones para combatir eficazmente la manipulación de resultados.
El Congreso y el Poder Ejecutivo tienen la responsabilidad de encontrar una salida que combine firmeza penal, seguridad jurÃdica y sostenibilidad económica. La lucha contra el amaño de partidos requiere sanciones ejemplares, pero también instituciones capaces de investigar, fiscalizar y sancionar de manera efectiva.
La integridad deportiva no puede depender únicamente de discursos o buenas intenciones. Necesita herramientas legales sólidas y una coordinación permanente entre el Estado, las federaciones, los clubes y los operadores regulados.
Reflexión final
La verdadera discusión no es si el fútbol debe convivir con las apuestas deportivas. Esa convivencia ya existe en las principales ligas del mundo. El desafÃo consiste en garantizar que el dinero financie el espectáculo sin influir en el resultado.
Hoy el Perú tiene la oportunidad de fortalecer la credibilidad de sus competencias y proteger una fuente importante de inversión para el deporte. Si las autoridades logran construir un marco normativo equilibrado, el fútbol peruano habrá dado un paso decisivo hacia la transparencia. Si fracasan, continuarán creciendo las dudas, las sospechas y la desconfianza de millones de aficionados que todavÃa creen que los partidos deben definirse en la cancha y no en una mesa de apuestas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).