El Perú se encuentra frente a una de las decisiones electorales más delicadas de los últimos años. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe resolver un pedido de nulidad que involucra decenas de mesas de sufragio en Lima Metropolitana y más de 43 mil votos potencialmente determinantes para el resultado de la segunda vuelta presidencial.
La trascendencia del caso supera ampliamente la disputa entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Lo que está en juego no son únicamente votos, sino la credibilidad del sistema electoral y la confianza de millones de ciudadanos en las instituciones democráticas.
Las cifras explican la magnitud del problema. La diferencia actual entre ambas candidaturas es menor al universo de votos involucrados en el recurso presentado. Si el pedido fuera declarado fundado, el escenario electoral podría modificarse significativamente. Por esa razón, la decisión del JNE será observada con atención tanto dentro como fuera del país.
Sin embargo, el debate no debe reducirse a quién gana o quién pierde. La cuestión central es determinar si existen pruebas suficientes para sustentar una nulidad de semejante alcance. En una democracia sólida, las irregularidades deben investigarse con rigor. Pero también es cierto que la anulación de votos constituye una medida extraordinaria que exige evidencia contundente y no únicamente sospechas, interpretaciones o especulaciones estadísticas.
Lo preocupante es que el país parece haber ingresado en una peligrosa dinámica donde cada proceso electoral termina bajo cuestionamiento. Después de cada elección surgen denuncias, recursos, impugnaciones y acusaciones cruzadas que terminan erosionando la confianza pública. El resultado es una ciudadanía cada vez más escéptica respecto a las instituciones encargadas de administrar la voluntad popular.
La responsabilidad del JNE es enorme. Cualquier resolución deberá estar sustentada en criterios estrictamente legales y técnicos. La peor señal para la democracia sería que la población perciba que las decisiones electorales responden a presiones políticas o a cálculos de conveniencia.
También corresponde una reflexión más profunda. Si una elección puede quedar sometida a controversias que involucran miles de mesas y decenas de miles de votos, entonces el país debe revisar seriamente los mecanismos de control, fiscalización y transparencia que acompañan cada proceso electoral.
La democracia necesita certezas. Por ello, el JNE tiene la obligación de resolver este caso con absoluta transparencia, respetando el debido proceso y garantizando que cada decisión esté respaldada por pruebas verificables.
Reflexión final
Las democracias no se debilitan cuando existen recursos o impugnaciones. Se debilitan cuando las dudas permanecen sin respuesta. Si hubo irregularidades, deben ser demostradas y sancionadas. Si no las hubo, corresponde ratificar los resultados con firmeza. Porque cuando la confianza en el voto entra en crisis, lo que se pone en riesgo no es una candidatura, sino la legitimidad misma de la democracia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).