Cuando las Naciones Unidas advierten a un país sobre los riesgos de una ley, la discusión deja de ser una simple controversia política. Se convierte en una señal de alarma institucional. La reciente exhortación de la ONU para que el Perú no apruebe una norma que amplía las competencias de la jurisdicción militar-policial debería preocupar a cualquier ciudadano que valore la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, lejos de generar prudencia, el Congreso parece decidido a seguir avanzando por un camino que vuelve a colocar bajo sospecha su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia.
La advertencia de la ONU no surge por casualidad. El organismo internacional recordó un principio elemental que las democracias modernas han consolidado durante décadas: las presuntas violaciones de derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas por tribunales ordinarios, independientes e imparciales. No se trata de una posición ideológica. Se trata de una garantía básica para evitar conflictos de interés y asegurar que la justicia actúe sin presiones ni privilegios.
Sin embargo, el Congreso peruano ha decidido avanzar con una propuesta que diversos especialistas, organismos de derechos humanos y sectores académicos consideran un serio retroceso institucional. La preocupación es evidente: trasladar determinados casos al ámbito militar-policial podría debilitar los mecanismos de control que precisamente fueron fortalecidos después de algunos de los episodios más dolorosos de nuestra historia republicana.
Lo más inquietante es que esta iniciativa no aparece aislada. Forma parte de una serie de normas que vienen generando cuestionamientos dentro y fuera del país por favorecer espacios de menor fiscalización y por reducir los controles sobre quienes ejercen poder desde el Estado. Cada nueva reforma parece seguir una misma dirección: menos supervisión, menos controles y mayores dificultades para exigir responsabilidades.
El mensaje que transmite el Parlamento resulta preocupante. Mientras organismos internacionales alertan sobre posibles riesgos para la justicia y los derechos fundamentales, el Congreso parece más interesado en desafiar esas advertencias que en analizarlas con responsabilidad. La pregunta es inevitable: ¿por qué existe tanta urgencia en impulsar normas que generan preocupación en la comunidad jurídica nacional e internacional?
Nadie discute la necesidad de respaldar a policías y militares que cumplen con honor sus funciones. Lo que se cuestiona es la pretensión de crear mecanismos que podrían dificultar la investigación independiente de hechos que comprometan derechos fundamentales. Fortalecer a las fuerzas del orden no significa reducir los controles democráticos. Significa dotarlas de legitimidad a través de la transparencia y el respeto irrestricto a la ley.
Cuando la ONU, especialistas, universidades y organizaciones de derechos humanos coinciden en una advertencia, lo sensato sería escuchar. Ignorar esas alertas no fortalece la institucionalidad; la expone a mayores cuestionamientos.
Reflexión final
La historia demuestra que las democracias se debilitan cuando los controles incomodan y los contrapesos son vistos como obstáculos. El Perú necesita instituciones fuertes, pero también responsables. Si las leyes comienzan a diseñarse para reducir la fiscalización y ampliar espacios de excepción, el país corre el riesgo de normalizar una práctica peligrosa: que la protección del poder termine pesando más que la protección de la justicia. Y cuando eso ocurre, la impunidad deja de ser una amenaza para convertirse en una posibilidad real. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).