A pocas semanas de concluir su mandato, el Congreso 2021-2026 deja una herencia difícil de ignorar. Con niveles de aprobación inferiores al 5%, este Parlamento cierra uno de los capítulos más cuestionados de la historia democrática reciente del Perú. Lo que debió ser un espacio de representación ciudadana terminó convertido en un escenario marcado por el transfuguismo, las disputas de poder, los escándalos éticos, las leyes controvertidas y una profunda desconexión con las necesidades reales de la población.
Mientras millones de peruanos enfrentaban inseguridad, crisis económica, deficiencias en salud y educación, gran parte de la agenda parlamentaria parecía orientarse hacia otros intereses. El resultado es una ciudadanía que observa con creciente desconfianza a una institución que debería representar uno de los pilares fundamentales de la democracia.
Durante estos cinco años, el Congreso protagonizó una constante reconfiguración de bancadas que terminó desdibujando cualquier coherencia ideológica. Legisladores elegidos bajo una bandera política terminaron migrando a otras agrupaciones en función de intereses coyunturales, generando una percepción de oportunismo que debilitó aún más la credibilidad del sistema político.
La fragmentación parlamentaria no derivó en un debate más plural ni en una mejor representación ciudadana. Por el contrario, terminó facilitando acuerdos circunstanciales entre sectores ideológicamente opuestos que coincidieron en iniciativas ampliamente cuestionadas por diversos especialistas, organizaciones civiles y sectores académicos.
La preocupación ciudadana aumentó cuando varias reformas impulsadas por el Parlamento fueron interpretadas como mecanismos destinados a favorecer intereses particulares antes que el fortalecimiento institucional del país. Las modificaciones electorales, el retorno de la reelección parlamentaria pese al rechazo expresado por la ciudadanía en el referéndum de 2018, y diversas normas cuestionadas por debilitar la lucha contra el crimen organizado alimentaron la percepción de un Congreso más preocupado por preservar cuotas de poder que por resolver los problemas nacionales.
A ello se sumaron los numerosos escándalos éticos. Las denuncias por los llamados “mochasueldos”, que involucraron a varios legisladores acusados de exigir parte de los salarios de sus trabajadores, golpearon severamente la imagen institucional del Parlamento. Casos de investigaciones fiscales, procesos judiciales y conductas impropias contribuyeron a profundizar el deterioro de una institución ya debilitada ante la opinión pública.
Lo más preocupante es que todo ello ocurrió mientras el país enfrentaba desafíos históricos. La expansión de la criminalidad organizada, el avance de la minería ilegal, el narcotráfico, la crisis de seguridad ciudadana, la persistencia de la anemia infantil y las enormes brechas en salud y educación exigían respuestas urgentes y consensos nacionales.
Sin embargo, gran parte de la ciudadanía percibió que esas prioridades quedaron relegadas frente a las disputas políticas y los intereses internos del propio Congreso.
Desde La Caja Negra consideramos que este Congreso será recordado no por las grandes reformas que impulsó ni por los consensos que construyó, sino por la profunda crisis de confianza que dejó como herencia.
La democracia exige representación, transparencia y responsabilidad. Cuando esas condiciones se debilitan, también se debilita la legitimidad de las instituciones.
El Congreso 2021-2026 culmina su gestión dejando una de las imágenes más deterioradas que ha tenido el Poder Legislativo en las últimas décadas. Los bajos niveles de aprobación no son producto de una campaña de desprestigio ni de una percepción pasajera. Son la consecuencia de decisiones, conductas y prioridades que generaron un creciente alejamiento entre representantes y representados.
Reflexión final
El próximo Parlamento tiene una enorme responsabilidad. No solo deberá legislar. Tendrá que reconstruir la confianza perdida. La ciudadanía necesita un Congreso que fiscalice, represente y legisle pensando en el interés nacional. Porque cuando una institución alcanza niveles históricos de desaprobación, el problema ya no es únicamente político. Es una advertencia sobre el deterioro de la relación entre el Estado y los ciudadanos. Y ninguna democracia puede fortalecerse cuando esa confianza desaparece. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).