El Perú enfrenta una crisis de inseguridad sin precedentes. Extorsiones, sicariato, homicidios y crimen organizado avanzan con una velocidad que supera la capacidad de respuesta del Estado. En este contexto, nadie discute la necesidad de equipar mejor a la Policía Nacional. Lo que sí merece un profundo cuestionamiento es la forma en que se pretende hacerlo.
La decisión del Ministerio del Interior de adquirir 31.045 pistolas israelíes sin una licitación internacional ha encendido nuevas alertas sobre la transparencia en el uso de recursos públicos. Una vez más, la urgencia parece estar reemplazando a la competencia, la fiscalización y el control.
Según reveló el diario La República, la empresa israelí Industrias de Armas de Israel (IWI) ofreció las pistolas Jericho a un precio de US$949 por unidad durante el proceso de licitación realizado en noviembre de 2025. Sin embargo, meses después, la empresa estatal FAME presentó la misma arma a un valor de US$1.049 por unidad, una diferencia de US$100 por pistola.
Cuando la operación involucra 31.045 unidades, la diferencia deja de ser un detalle administrativo para convertirse en un asunto de interés nacional. Hablamos de millones de dólares adicionales que saldrían de los recursos públicos.
Lo más preocupante es que FAME no fabrica la pistola Jericho ni produce sus componentes principales. Su papel es el de intermediario entre el fabricante extranjero y el Estado peruano. Por ello, la pregunta resulta inevitable: ¿por qué el país debería pagar más por exactamente el mismo producto?
El Ministerio del Interior argumenta que la denominada «Ley FAME» permite este mecanismo de contratación. Sin embargo, diversos especialistas y pronunciamientos de la propia Contraloría han señalado que dicha norma no elimina la obligación de buscar las mejores condiciones económicas ni sustituye los principios de transparencia que deben regir toda adquisición pública.
La preocupación crece porque este no sería un hecho aislado. En los últimos años se han registrado compras de armamento y equipamiento militar bajo esquemas similares, donde las licitaciones fueron reemplazadas por contrataciones directas. El resultado ha sido una creciente percepción de opacidad en operaciones que involucran millones de dólares.
Y mientras estas controversias ocupan titulares, surge otra pregunta incómoda: ¿dónde están los responsables políticos llamados a explicar estas decisiones? En medio de un país golpeado por la inseguridad, la ciudadanía necesita respuestas claras, no silencios administrativos.
La Policía requiere armas modernas para enfrentar al crimen. Pero la lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una excusa para debilitar los mecanismos de control y transparencia.
Reflexión final
La seguridad ciudadana necesita más recursos, pero también más vigilancia sobre cómo se gastan esos recursos. Cada compra pública debe resistir el escrutinio ciudadano porque el dinero utilizado pertenece a todos los peruanos. Cuando una adquisición millonaria se realiza sin licitación y bajo cuestionamientos sobre su costo, la obligación del Estado no es pedir confianza ciega, sino demostrar que cada decisión responde al interés público y no a intereses particulares. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).