En un país donde la inseguridad ciudadana golpea diariamente a millones de personas, cada sol destinado a fortalecer a la Policía Nacional debería ser administrado con el máximo rigor, transparencia y responsabilidad. Sin embargo, una nueva observación de la Contraloría vuelve a colocar al Ministerio del Interior en el centro de un escándalo que no solo compromete recursos públicos, sino también la confianza ciudadana. La compra de 44 rochabuses, lejos de convertirse en una noticia sobre fortalecimiento de la seguridad, ha terminado convertida en un caso que expone graves interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones millonarias dentro del Estado.
La Contraloría no cuestiona un detalle menor ni una diferencia administrativa sin importancia. El informe advierte que funcionarios del Ministerio del Interior otorgaron el máximo puntaje a una empresa cuya documentación no cumpliría con los requisitos establecidos en las bases del proceso. Gracias a esa decisión, la buena pro terminó en manos de una compañía cuya oferta era más cara que la de otro postor internacional.
La diferencia supera los 748 mil dólares. Puede parecer una cifra fría en un expediente administrativo, pero representa dinero público que pertenece a todos los peruanos. Dinero que pudo destinarse a más equipamiento policial, tecnología, inteligencia operativa o infraestructura para combatir a las organizaciones criminales que hoy mantienen en zozobra a miles de familias.
Lo más preocupante es que la observación no proviene de una denuncia política ni de una disputa entre competidores. Proviene de la propia Oficina de Control Institucional del Ministerio del Interior. Es decir, del órgano encargado de vigilar que los procesos se desarrollen conforme a la ley y a los principios de eficiencia del gasto público.
La situación se vuelve aún más delicada porque este no sería un episodio aislado. En los últimos años han surgido observaciones similares relacionadas con adquisiciones de armamento, chalecos antibalas, aeronaves y otros procesos estratégicos. El patrón comienza a repetirse con una frecuencia que ya no puede ser ignorada.
Mientras el Gobierno solicita mayores recursos para enfrentar la criminalidad, resulta inevitable preguntarse cómo se están administrando esos recursos. Porque la lucha contra la delincuencia no solo fracasa cuando faltan equipos; también fracasa cuando aparecen dudas sobre la transparencia de las compras destinadas a fortalecer la seguridad nacional.
Lo que indigna a la ciudadanía no es únicamente la posibilidad de haber elegido la oferta más costosa. Lo que genera preocupación es la percepción de que los mecanismos de control parecen llegar después de que las decisiones ya fueron tomadas.
La seguridad ciudadana necesita inversión, pero también exige transparencia absoluta. No puede existir una lucha efectiva contra el crimen si las adquisiciones públicas terminan rodeadas de cuestionamientos y observaciones de los organismos de control.
Reflexión final
La delincuencia organizada representa una amenaza para el país. Pero la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos también debilita al Estado. Cuando la Contraloría advierte que una compra millonaria pudo haberse adjudicado sobre la base de criterios cuestionables, el problema deja de ser administrativo y se convierte en un asunto de interés nacional. Porque cada dólar mal administrado no solo afecta las finanzas públicas: erosiona la confianza de los ciudadanos en instituciones que deberían actuar con absoluta integridad. Y sin confianza, ninguna política de seguridad puede ser verdaderamente efectiva. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).