Una elección presidencial no puede convertirse en una carrera de resistencia para millones de ciudadanos. Mientras otras democracias proclaman a sus autoridades en cuestión de horas o pocos días, el Perú continúa atrapado en un proceso que parece no terminar nunca. Que el próximo presidente sea proclamado recién entre el 3 y el 7 de julio no debería asumirse como una simple formalidad administrativa. Es el síntoma de un sistema electoral que ha quedado rezagado, que consume enormes recursos públicos y que, en lugar de fortalecer la confianza ciudadana, prolonga la incertidumbre y la confrontación política.
La explicación oficial señala que existen 207 apelaciones pendientes de resolver. Jurídicamente puede ser correcto. Pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿cómo es posible que un país que destina cientos de millones de soles al funcionamiento de sus organismos electorales continúe demorando semanas en concluir una elección presidencial?
La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones disponen de tecnología, logística, infraestructura, personal especializado y uno de los presupuestos más importantes de su historia. Sin embargo, cada proceso electoral vuelve a exhibir las mismas demoras, las mismas controversias y la misma incapacidad para ofrecer resultados definitivos en plazos razonables.
La comparación con Colombia resulta inevitable. Allí, con un conteo manual de votos y una complejidad territorial comparable, el proceso avanzó con mayor rapidez. En el Perú, por el contrario, cada elección parece convertirse en un laberinto burocrático donde las decisiones se dilatan mientras el país permanece dividido, la economía espera señales de estabilidad y los ciudadanos observan con creciente frustración cómo la institucionalidad avanza a un ritmo desesperadamente lento.
No se trata de sacrificar garantías legales. Todo recurso debe ser evaluado con rigor y transparencia. Lo que resulta inaceptable es que un sistema diseñado para ofrecer certeza termine alimentando incertidumbre. Una democracia eficiente no solo debe ser transparente; también debe ser oportuna. La justicia tardía, incluso en materia electoral, termina debilitando la confianza que pretende proteger.
Lo más preocupante es que este problema ya no constituye una excepción. Se ha convertido en una costumbre. Cada elección revive el mismo debate, las mismas demoras y la misma sensación de improvisación. El Estado invierte millones para modernizar el sistema electoral, pero los resultados siguen mostrando un modelo incapaz de responder con la agilidad que exige una democracia moderna.
El Perú necesita dejar de normalizar la lentitud electoral. No basta con proclamar finalmente a un ganador; es indispensable revisar integralmente un sistema que, elección tras elección, demuestra ser incapaz de responder a las expectativas de un país que demanda instituciones más eficientes y confiables.
Reflexión final
La mayor amenaza para la democracia no siempre proviene del fraude o del autoritarismo. También surge cuando las instituciones encargadas de proteger el voto transmiten la imagen de un Estado lento, burocrático y desconectado de las necesidades del ciudadano. El Perú no puede seguir conformándose con procesos electorales que llegan tarde cuando el país necesita certezas. Ha llegado la hora de una reforma profunda del sistema electoral. Porque la democracia del siglo XXI no puede seguir funcionando con procedimientos que parecen pertenecer al siglo pasado. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).