El Perú conoce perfectamente el poder destructivo de los terremotos. Lo vivimos en Áncash en 1970, en Pisco en 2007 y en numerosos sismos que han marcado nuestra historia. Sin embargo, las recientes advertencias del presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, deberían generar mucho más que preocupación: deberían provocar una reacción inmediata del Estado.
El especialista recordó que Lima podría enfrentar un terremoto complejo, incluso con dos eventos superiores a los siete grados, como ocurrió en Pisco. La pregunta ya no es si ocurrirá. La verdadera incertidumbre es si el país estará preparado o volverá a improvisar cuando llegue la emergencia.
Los estudios científicos llevan años advirtiendo que frente a la costa central existe una importante acumulación de energía sísmica. No es una teoría nueva ni una alarma reciente. Es información conocida por las autoridades desde hace décadas.
Aun así, Lima continúa creciendo sobre terrenos vulnerables, con miles de viviendas levantadas mediante autoconstrucción, edificaciones antiguas que nunca fueron reforzadas y urbanizaciones levantadas sobre suelos altamente inestables. Lomo de Corvina, Ventanilla, sectores del Callao, viviendas en quebradas, laderas y márgenes de ríos siguen siendo parte de una realidad que el propio IGP identifica como altamente vulnerable.
Lo más preocupante es que la prevención continúa siendo una responsabilidad casi exclusiva de los ciudadanos. Se organizan simulacros, se recomienda preparar mochilas de emergencia y se insiste en identificar zonas seguras dentro de las viviendas. Todo ello es necesario, pero claramente insuficiente.
La verdadera prevención comienza mucho antes del sismo. Empieza con gobiernos que fiscalicen las construcciones, eliminen la ocupación de zonas de alto riesgo, ejecuten planes urbanos responsables e inviertan en infraestructura resiliente. Sin embargo, durante años la expansión informal de las ciudades ha avanzado mucho más rápido que la capacidad del Estado para ordenar el territorio.
Cada terremoto importante deja la misma enseñanza y, paradójicamente, el mismo olvido. Después de algunos meses desaparecen las promesas de reconstrucción, los proyectos de prevención y los anuncios de inversión. La memoria institucional parece durar menos que las réplicas.
Mientras tanto, Lima concentra cerca de un tercio de la población peruana y buena parte de la actividad económica nacional. Un gran terremoto no solo provocaría pérdidas humanas incalculables, sino también una crisis sanitaria, logística, económica y social de enormes proporciones.
La naturaleza no concede prórrogas. Los terremotos no consultan calendarios políticos ni esperan presupuestos públicos. Llegan cuando la energía acumulada finalmente se libera.
Reflexión final
La mayor amenaza para el Perú no es únicamente el próximo gran terremoto. Es la peligrosa costumbre de reaccionar únicamente después de la tragedia. La ciencia ya hizo su trabajo al advertir el riesgo. Ahora corresponde al Estado asumir el suyo. Porque cuando la prevención se posterga durante años, los desastres dejan de ser exclusivamente naturales y comienzan a reflejar también el costo de la indiferencia institucional. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).