El Jurado Nacional de Elecciones abrió el camino para que Rafael López Aliaga continúe en carrera como candidato a teniente alcalde de Lima por Renovación Popular. El pleno del JNE declaró fundada la apelación presentada por su partido y dejó sin efecto el criterio del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que había declarado improcedente su inscripción por mantener la condición de senador electo para el periodo 2026-2031. La decisión despeja una candidatura, pero vuelve a encender una pregunta incómoda: ¿la política peruana respeta el mandato ciudadano o solo aprende a bordearlo con habilidad legal?
La defensa de López Aliaga sostuvo que la restricción para postular a cargos municipales solo alcanza a parlamentarios en ejercicio y no a quienes fueron elegidos, pero todavía no juramentaron. Bajo esa lectura, ser senador electo no equivale a ejercer funciones, pues los nuevos senadores y diputados iniciarían labores recién el 26 de julio. El argumento fue aceptado por el JNE, que declaró fundada la apelación de Renovación Popular.
Legalmente, el debate puede estar resuelto. Políticamente, no. Porque el fondo del caso no se agota en una interpretación normativa. La cuestión central es si un ciudadano puede pedir votos para un cargo nacional, resultar elegido, mantener esa condición y luego saltar a otra candidatura municipal como si el voto anterior fuera apenas una estación de paso. Esa elasticidad política podrá tener defensa jurídica, pero deja una sensación de cálculo que golpea la confianza pública.
El JEE había señalado que López Aliaga fue senador electo y proclamado, y que las comunicaciones sobre su voluntad de no asumir el cargo no modificaban formalmente su condición jurídica. El JNE, en cambio, optó por una interpretación distinta. Esa diferencia institucional debe ser explicada con absoluta claridad, porque cuando dos órganos electorales leen el mismo caso de manera opuesta, el ciudadano no necesariamente ve técnica jurídica: ve confusión, incertidumbre y un sistema que parece escrito para especialistas, no para votantes.
Lima, mientras tanto, sigue esperando algo más que jugadas electorales. La capital necesita soluciones concretas para el transporte, la inseguridad, el desorden urbano, la informalidad, el deterioro del Centro Histórico y la falta de planificación metropolitana. Pero otra vez la discusión pública gira alrededor de candidaturas, atajos, renuncias anunciadas y estrategias de poder.
El JNE ha hablado y su decisión debe respetarse dentro del marco institucional. Pero respetar una resolución no significa renunciar a la crítica. La legalidad puede habilitar una postulación; no siempre alcanza para devolverle credibilidad a la política.
Reflexión final
La democracia no se fortalece cuando los cargos electos parecen piezas movibles de un tablero partidario. El voto ciudadano merece más respeto que una lectura conveniente de los tiempos legales. Lima necesita autoridades comprometidas con gobernar, no políticos especializados en convertir cada elección en una nueva oportunidad de reposicionamiento personal. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).