La Contraloría General de la República ha puesto cifras a una práctica que durante años erosiona el presupuesto nacional: las obras públicas empiezan con un costo, avanzan con otro y terminan exigiendo mucho más dinero del anunciado. Una auditoría determinó que 32 proyectos de la Reconstrucción con Cambios elevaron su inversión acumulada de S/843 millones a S/2.029 millones. Es decir, el Estado terminó pagando 140,7% más de lo originalmente contratado.
No estamos ante simples reajustes contables. Se trata de escuelas, establecimientos de salud y sistemas de protección contra inundaciones destinados a poblaciones que llevan años esperando servicios básicos. Cada sobrecosto representa recursos que dejan de utilizarse en otras obras, programas sociales, hospitales, seguridad o infraestructura urgente. Cuando una inversión pública duplica su valor, el problema no queda encerrado en un expediente: lo paga toda la ciudadanía.
Los ejemplos revelados son difíciles de justificar. El proyecto de protección de la quebrada El León, en La Libertad, pasó de S/473 millones a S/818 millones. La Institución Educativa José Sevilla Escajadillo, en Pacasmayo, aumentó de S/11,7 millones a S/62 millones. Una escuela que multiplica varias veces su presupuesto exige explicaciones transparentes, técnicas y verificables, no fórmulas administrativas que terminen diluyendo responsabilidades.
La auditoría menciona cambios de diseño, interferencias, condiciones imprevistas, riesgos climáticos y deficiencias en la gestión. Es cierto que toda obra compleja puede enfrentar variaciones. Pero cuando el incremento deja de ser excepcional y se convierte en patrón, ya no basta hablar de contingencias: corresponde examinar la calidad de los estudios, la supervisión, la planificación y las decisiones adoptadas durante la ejecución.
Los contratos gobierno a gobierno fueron presentados como una vía para acelerar proyectos y reducir los males de la contratación tradicional. Sin embargo, ningún modelo importado funciona cuando el Estado carece de equipos técnicos sólidos, controles oportunos y funcionarios capaces de defender el interés público.
La conclusión es clara: duplicar costos no puede normalizarse como parte natural de construir en el Perú. La Contraloría debe identificar responsabilidades y las entidades involucradas deben explicar por qué fallaron los presupuestos iniciales.
La reflexión final es urgente: una obra pública no debe convertirse en un cheque abierto. Cada sol adicional debe justificarse, fiscalizarse y, cuando corresponda, sancionarse. De lo contrario, la reconstrucción terminará reconstruyendo únicamente la vieja cultura del sobrecosto. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).