El entusiasmo político suele encontrar aplausos inmediatos. La realidad fiscal, en cambio, exige cifras, sustento y responsabilidad. El primer mensaje a la nación de la presidenta Keiko Fujimori estuvo marcado por una larga lista de anuncios de alto impacto: nuevas líneas del Metro de Lima, trenes de cercanías, carreteras, incremento de la remuneración mínima y múltiples programas de inversión pública. Sin embargo, apenas un día después, el Consejo Fiscal lanzó una advertencia que cambia el eje del debate: el país no tendría disponibilidad fiscal para ejecutar todas esas medidas.
Más que una discrepancia técnica, se trata de un llamado de atención sobre la distancia que puede existir entre las promesas políticas y la capacidad real del Estado para financiarlas.
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, sostuvo que, aunque muchas de las propuestas buscan atender necesidades legítimas, la magnitud y el costo de los anuncios no son consistentes con la disponibilidad fiscal del Perú. En declaraciones a Canal N, recordó que una sola línea del Metro puede costar alrededor de US$ 5.000 millones, financiada mayoritariamente por el Tesoro Público durante su construcción y con subsidios posteriores para su operación.
A esta advertencia se sumó el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, quien afirmó que ejecutar simultáneamente todas las obras anunciadas no sería viable ni financiera ni técnicamente, incluso si existieran los recursos económicos suficientes.
El debate ya no gira en torno a si el Perú necesita más infraestructura. Esa necesidad es evidente. Lo preocupante es que el Gobierno haya presentado un conjunto de compromisos multimillonarios sin explicar de manera pública cuál será su financiamiento, su cronograma de ejecución ni el impacto que tendrán sobre las cuentas nacionales.
La credibilidad de un programa de gobierno no se construye únicamente sobre la magnitud de sus anuncios, sino sobre la capacidad de demostrar que estos pueden ejecutarse sin comprometer la estabilidad económica del país.
El Consejo Fiscal no cuestiona la conveniencia de invertir en transporte, infraestructura o mejores ingresos para los trabajadores. Lo que advierte es que las promesas deben ajustarse a la realidad presupuestaria. Ignorar ese principio puede conducir a mayores niveles de endeudamiento, retrasos en obras, recortes futuros o presiones sobre otros programas sociales.
La misma preocupación alcanza al incremento de la remuneración mínima vital a S/1.300. Según Alonso Segura, no existirían fundamentos técnicos vinculados a la inflación o al crecimiento de la productividad que expliquen un aumento cercano al 15 %, advirtiendo además posibles distorsiones en el mercado laboral.
Desde La Caja Negra consideramos que toda promesa de gobierno debe ir acompañada de su respectivo respaldo financiero. Gobernar responsablemente implica decirle al país no solo qué se quiere hacer, sino también cuánto costará, cómo se financiará y en qué plazo podrá ejecutarse.
El control del gasto público no debe interpretarse como un obstáculo para el desarrollo. Constituye una garantía para que las obras anunciadas no terminen convirtiéndose en proyectos inconclusos o en nuevas cargas para las futuras generaciones.
Reflexión final
La advertencia del Consejo Fiscal traslada el debate del terreno político al económico. El Perú necesita inversión, infraestructura y mejores servicios públicos, pero también requiere disciplina fiscal y planificación responsable.
Las promesas generan esperanza; los presupuestos las convierten en realidad. Cuando ambas dejan de caminar juntas, el riesgo no es únicamente incumplir un plan de gobierno. El verdadero riesgo es debilitar la confianza ciudadana en las instituciones y volver a alimentar el ciclo de expectativas que terminan chocando contra la realidad de unas finanzas públicas que no admiten discursos, sino cuentas claras. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).