Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 vuelven a demostrar que, en el Perú, los partidos políticos suelen preocuparse más por completar listas que por garantizar candidatos idóneos. La presencia de postulantes con condenas por violación, extorsión, corrupción, violencia familiar, peculado y otros delitos confirma que los filtros internos no solo son débiles: en muchos casos parecen inexistentes.
Según la revisión de las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, más de 1 700 candidatos declararon haber recibido al menos una condena penal. La cifra no representa un accidente aislado, sino la consecuencia de un sistema que permite que la evaluación ética ocurra después de la inscripción, cuando el daño político ya está hecho.
Los partidos suelen defenderse afirmando que sus candidatos cumplen los requisitos legales. Pero cumplir la formalidad mínima no equivale a demostrar integridad. La política no debería funcionar como una oficina de trámites donde basta presentar documentos, esperar la rehabilitación jurídica y recibir un símbolo electoral.
Gobernar una región o un municipio implica administrar presupuestos, decidir obras, dirigir programas sociales y proteger a la ciudadanía. Por eso, la selección de candidatos exige algo más que verificar firmas y fechas: requiere evaluar antecedentes, comportamiento público, conflictos de interés, patrimonio, capacidad profesional y compromiso con la legalidad.
Sin embargo, los filtros partidarios parecen activarse solo cuando la prensa revela un caso escandaloso. Entonces llegan los comunicados, las investigaciones internas y las promesas de “acciones correctivas”. Antes de eso, reina una conveniente distracción. El candidato es útil mientras aporte votos, dinero, operadores o presencia territorial. La ética, aparentemente, puede esperar.
El sistema electoral también comparte responsabilidad. La información del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría y otras instituciones debería cruzarse automáticamente antes de admitir una candidatura. No resulta razonable exigir que cada elector se convierta en investigador para descubrir lo que el Estado ya conoce.
Las elecciones no pueden depender de filtros que existen únicamente en los reglamentos partidarios. Se necesita supervisión efectiva, verificación anticipada y responsabilidad política para las organizaciones que presentan candidatos cuestionados.
Reflexión final
Una democracia pierde credibilidad cuando sus partidos abren las puertas a cualquiera que pueda sumar votos, aunque reste confianza. Los antecedentes no siempre producen impedimentos legales, pero sí deberían activar una evaluación ética rigurosa. Si los partidos no son capaces de seleccionar representantes confiables, el ciudadano terminará votando entre promesas nuevas y prácticas demasiado conocidas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).