La minería ilegal ya no representa únicamente un delito ambiental ni una actividad económica clandestina. Se ha transformado en una estructura criminal que recluta personas, financia organizaciones armadas, controla territorios y desafía abiertamente la autoridad del Estado. La desaparición de los exmilitares Pablo Martínez Tocas y Johan Cordero Yaros, captados con la promesa de ganar S/1.000 diarios por brindar seguridad en campamentos mineros de Madre de Dios, evidencia hasta dónde ha llegado el poder de estas mafias.
Lo más preocupante no es solo la brutalidad del crimen organizado, sino la facilidad con la que encuentra mano de obra especializada mientras el Estado continúa reaccionando cuando el daño ya está consumado.
Las organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de oro han dejado de actuar como simples bandas. Hoy funcionan como verdaderos ejércitos privados. Reclutan licenciados de las Fuerzas Armadas por su entrenamiento en armas y tácticas de combate, les ofrecen remuneraciones muy superiores al mercado formal y los incorporan a una economía criminal que mueve millones de soles cada año.
Según las investigaciones, el reclutador Kelner Wong Vela, alias «Teddy», brazo derecho del prófugo Edison Fernández Pérez, conocido como «Chilli», convenció a decenas de exmilitares de viajar a Madre de Dios prometiéndoles trabajo de seguridad para supuestas empresas mineras. Muchos nunca regresaron.
El reciente operativo contra «Los Guardianes de La Pampa» confirma la dimensión del problema. Las autoridades capturaron a 21 integrantes de la organización e incautaron 19 fusiles AKM y AR-15, ocho pistolas calibre 9 mm, seis minas antipersonales, diez granadas de guerra, quince chalecos antibalas y más de 10.000 municiones. Ese arsenal demuestra que estas organizaciones han adquirido una capacidad operativa que supera ampliamente la imagen tradicional de la minería ilegal.
La gran pregunta es cómo una estructura criminal puede reclutar exmilitares, movilizar armamento de guerra, controlar extensas zonas de la Amazonía y desaparecer personas sin que la respuesta estatal llegue con la rapidez y contundencia necesarias. La respuesta apunta a una combinación peligrosa de débil presencia estatal, corrupción, escasa inteligencia operativa y una economía ilícita que continúa financiando su expansión.
Mientras tanto, cientos de jóvenes licenciados de las Fuerzas Armadas concluyen su servicio sin oportunidades laborales estables. Esa vulnerabilidad es aprovechada por las mafias, que ofrecen ingresos inmediatos donde el Estado solo ofrece incertidumbre.
Combatir la minería ilegal ya no puede limitarse a destruir dragas o intervenir campamentos. El Estado necesita una estrategia integral que combine inteligencia financiera, control territorial permanente, lucha frontal contra el lavado de activos, protección ambiental, oportunidades laborales para exmilitares y sanciones ejemplares contra quienes financian estas organizaciones criminales.
Cada territorio que el Estado abandona termina siendo ocupado por las mafias.
Reflexión final
La verdadera riqueza del Perú no está únicamente bajo la tierra; también está en sus instituciones y en la confianza de sus ciudadanos. Cuando una organización criminal puede ofrecer S/1.000 diarios para reclutar exmilitares, desaparecer personas y desafiar a las autoridades con armamento de guerra, el problema deja de ser exclusivamente la minería ilegal. Se convierte en una amenaza directa a la seguridad nacional, al Estado de derecho y a la democracia. Si el Estado no recupera esos territorios con presencia permanente, justicia efectiva y oportunidades para la población, las mafias seguirán ocupando el espacio que el poder público ha dejado vacío. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).