La justicia comercial debería ofrecer seguridad jurídica, imparcialidad y previsibilidad. Sin embargo, en el Perú ocurre algo difícil de explicar: un juez rodeado de investigaciones, sanciones y cuestionamientos continúa dirigiendo un despacho capaz de paralizar operaciones de decenas de millones de dólares mediante una sola medida cautelar.
Juan Gustavo Varillas Solano, titular del Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima, ordenó suspender la venta del Grupo El Comercio, operación cercana a los US$50 millones, mediante una cautelar respaldada por una carta fianza de apenas US$50.000. La diferencia entre ambos montos no es una anécdota matemática. Es una señal de alarma sobre el poder que puede ejercer una resolución provisional cuando los controles institucionales parecen llegar tarde, mal o nunca.
De acuerdo con una investigación publicada por La República, el magistrado registra ocho investigaciones penales en curso desde 2019. Tres habrían llegado al Poder Judicial, donde figura como imputado por presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, lavado de activos, tráfico de influencias y avocamiento ilegal a un proceso en trámite.
La presunción de inocencia debe respetarse. Pero respetarla no significa convertirla en una venda institucional. Un juez puede no tener condena firme y, al mismo tiempo, presentar antecedentes suficientemente graves como para exigir controles reforzados, una evaluación inmediata y explicaciones públicas.
La pregunta no es por qué todavía no ha sido condenado. La pregunta es por qué, con semejante acumulación de cuestionamientos, continúa administrando decisiones capaces de alterar negocios, contratos públicos y derechos económicos de enorme magnitud.
Según La República, Varillas también ha sido mencionado en episodios relacionados con la red Orellana, los denominados Cuellos Blancos del Puerto, el caso Oncoserv, el peaje Chillón y las disputas por los derechos televisivos de la Liga 1. En este último conflicto dictó una medida que suspendió contratos de transmisión de Alianza Lima, Universitario y Cienciano con el Consorcio Fútbol Perú–GolPerú. Posteriormente, fue suspendido durante seis meses por la tramitación “exprés” y “automática” de aquella cautelar.
Cumplida la sanción, volvió al mismo juzgado. La institución lo apartó temporalmente, pero después le devolvió el despacho y todo su poder decisorio. Así funciona la extraña pedagogía disciplinaria de nuestra justicia: se sanciona al magistrado, se espera unos meses y luego se actúa como si el problema hubiese desaparecido por calendario.
Lo verdaderamente inquietante no es únicamente el nombre del juez. Es el sistema que lo mantiene allí. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y la Corte Superior de Lima conocen los antecedentes. Sin embargo, la respuesta institucional parece reducirse a sanciones modestas frente a resoluciones capaces de comprometer millones.
Mientras otros magistrados son suspendidos por conductas de menor impacto, aquí un juez cuestionado conserva competencia sobre conflictos empresariales de extraordinario valor. La vara disciplinaria parece severa para unos y sorprendentemente flexible para otros.
Desde La Caja Negra sostenemos que la independencia judicial no puede confundirse con intocabilidad. Ningún juez debe ser condenado por titulares, pero tampoco protegido por silencios.
Las autoridades de control deben explicar por qué Varillas continúa al frente de un juzgado estratégico, revisar sus medidas más controvertidas y garantizar que toda cautelar millonaria tenga motivación sólida, proporcionalidad y una contracautela razonable.
Reflexión final
La justicia no puede parecer una mesa donde pocos conocen las reglas y algunos llegan con las cartas marcadas. Cuando una medida provisional paraliza millones y el juez que la firma arrastra numerosos cuestionamientos, la confianza pública no se pierde por malicia ciudadana: se pierde por abandono institucional.
El problema ya no es solo un magistrado. Es un Poder Judicial que pide respeto mientras evita responder por qué permite que la sospecha continúe impartiendo justicia.
Fuente: La República, “Juez acusado de corrupción paraliza venta de Grupo El Comercio” (2 de agosto de 2026) y La República, “¿Quién es el juez que emitió medida cautelar a favor de la FPF por derechos televisivos?” (19 de enero de 2023). (Foto ilustración: lacajanegra.blog).