La presidenta Keiko Fujimori ha anunciado que las Fuerzas Armadas saldrán a las calles y al sistema de transporte para reforzar la seguridad ciudadana. La medida ofrece una imagen rápida de autoridad: soldados en estaciones, patrullas visibles, operativos conjuntos y discursos sobre recuperación del orden. Sin embargo, detrás de esa puesta en escena continúa ausente lo esencial: un Plan Nacional Integral contra la Criminalidad.
El Gobierno ya decidió quiénes patrullarán, pero todavía no explica cuál es la estrategia, qué objetivos persigue, cuánto costará, cuánto durará ni cómo se medirán sus resultados. Es decir, primero llegan los uniformes y después, quizá, el plan. Otra vez la política peruana pretende combatir una estructura criminal compleja con una respuesta aislada, temporal y diseñada para producir sensación de control.
El Perú no enfrenta únicamente delincuencia callejera. Está sometido a organizaciones que extorsionan a transportistas y comerciantes, ordenan asesinatos, controlan economías ilegales, lavan dinero, corrompen funcionarios y coordinan operaciones desde establecimientos penitenciarios.
Esa criminalidad no apareció porque faltaran militares en las avenidas. Creció porque durante años faltaron inteligencia policial, investigación fiscal, control de armas, tecnología, coordinación institucional y una política sostenida que sobreviviera a los cambios de gobierno.
Administraciones anteriores también recurrieron a estados de emergencia, patrullajes conjuntos y despliegues militares. Los anuncios transmitieron firmeza durante algunos días, pero las bandas se adaptaron, cambiaron de territorio y continuaron operando. Ahora Keiko Fujimori vuelve a presentar la misma receta como si el fracaso anterior se debiera únicamente a la falta de entusiasmo.
Las Fuerzas Armadas pueden brindar apoyo logístico, proteger infraestructura crítica y colaborar excepcionalmente con la Policía. Pero no fueron formadas para investigar extorsiones, seguir transferencias financieras, intervenir comunicaciones con autorización judicial, infiltrar organizaciones criminales ni construir expedientes que terminen en condenas.
Un soldado puede vigilar un autobús, pero no identificar a quien dirige desde una cárcel la red que cobra cupos a toda una empresa de transporte. Puede custodiar una estación, pero no rastrear el dinero ilícito, romper cadenas de corrupción o proteger eficazmente a una víctima amenazada.
La delincuencia organizada funciona como una empresa. Cuenta con financiamiento, operadores, información, armas, logística y capacidad de reemplazar rápidamente a quienes son detenidos. Frente a esa maquinaria, el Gobierno ofrece presencia militar sin presentar una arquitectura nacional de inteligencia.
El país necesita una estrategia que articule a la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, Fuerzas Armadas, municipalidades, gobiernos regionales, bancos, empresas de telecomunicaciones y gremios de transporte. También requiere especialistas internacionales que aporten experiencias comparadas y ayuden a evitar que el Perú repita errores ya conocidos en la región.
Ese plan debe incluir metas territoriales, presupuesto multianual, interoperabilidad de bases de datos, videovigilancia conectada, control de armas, bloqueo efectivo de señales en penales, unidades contra el lavado de activos, protección de testigos y fortalecimiento de fiscalías especializadas.
Desde La Caja Negra sostenemos que desplegar militares sin una estrategia nacional constituye otro paliativo político. Puede ofrecer tranquilidad momentánea, pero no derrotará a las organizaciones criminales.
La presidenta debe convocar a todos los actores responsables y asumir personalmente el liderazgo de un Plan Nacional Integral contra la Criminalidad. La seguridad no puede seguir reducida a operativos, conferencias y estados de emergencia que terminan mientras el delito permanece.
Reflexión final
Keiko Fujimori ha anunciado quiénes ocuparán las calles, pero no cómo recuperará el país. Sin estrategia, tecnología, logística, presupuesto y justicia eficaz, los militares terminarán utilizados como decoración de una política inexistente.
La criminalidad no teme las fotografías oficiales. Teme a un Estado que investiga, anticipa, coordina y sanciona. Mientras el Gobierno continúe confundiendo despliegue con solución, las Fuerzas Armadas ocuparán temporalmente las avenidas y las organizaciones criminales seguirán ocupando permanentemente el Perú. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).