La democracia otorga al ciudadano el derecho de elegir libremente a sus autoridades. Pero ese derecho pierde valor cuando el elector debe escoger entre candidatos cuyos antecedentes judiciales generan serias dudas sobre su idoneidad para ejercer el poder. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 han puesto nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién protege realmente al ciudadano de candidatos con graves antecedentes?
La respuesta no deberÃa recaer únicamente en el votante. También compromete a los partidos polÃticos, al sistema electoral y a las instituciones encargadas de garantizar procesos transparentes.
La reciente revisión de las hojas de vida presentadas por diversos medios reveló que 1 747 candidatos declararon condenas penales, acumulando 2 283 sentencias por delitos que incluyen violación sexual, extorsión, corrupción, peculado, violencia familiar y otros ilÃcitos. Si bien la legislación permite la postulación en determinados supuestos, la discusión trasciende el plano estrictamente jurÃdico.
Los primeros responsables son los partidos polÃticos. Son ellos quienes seleccionan, evalúan y finalmente entregan una candidatura. Cada sÃmbolo colocado en una cédula electoral representa una decisión institucional. Cuando una organización incorpora a personas con antecedentes graves, no puede atribuir toda la responsabilidad al marco legal. También debe responder por sus propios estándares éticos.
El segundo filtro corresponde al sistema electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y las entidades del sistema de justicia disponen de información que deberÃa cruzarse de manera automática antes de admitir las candidaturas. No resulta razonable que sea la prensa quien descubra casos que el propio Estado pudo identificar con mayor anticipación.
Pero también existe un tercer actor: el ciudadano. Ninguna reforma sustituirá el deber de informarse antes de votar. Hoy las hojas de vida son públicas y los antecedentes declarados pueden consultarse. El voto informado constituye el último mecanismo de defensa cuando los filtros institucionales llegan tarde o simplemente no funcionan.
La protección del elector comienza mucho antes del dÃa de la votación. Empieza cuando los partidos aplican criterios de selección responsables, cuando las autoridades electorales verifican oportunamente la información y cuando el Estado fortalece mecanismos preventivos para impedir que el interés polÃtico prevalezca sobre el interés público.
Reflexión final
La democracia no consiste únicamente en depositar una cédula dentro de un ánfora. También exige ofrecer alternativas confiables. Cuando los partidos relajan sus controles y las instituciones reaccionan solo después del escándalo, el ciudadano termina enfrentando una elección que nunca debió existir. La mejor protección para el elector no es pedirle que investigue a todos los candidatos, sino construir un sistema donde la ética deje de ser una excepción y vuelva a convertirse en el requisito mÃnimo para aspirar al poder. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).