La advertencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, debería preocupar a cualquier ciudadano que todavía crea que las reglas electorales existen para proteger la voluntad popular. Según señaló, en el país se han visto estrategias para “fraguar la ley” y encontrar caminos alternativos que permitan a determinadas autoridades mantenerse cerca del poder pese a la prohibición de la reelección inmediata.
El caso de Lima lo demuestra con claridad. Luis Rubio renunció a la candidatura de Renovación Popular y Rafael López Aliaga permanece como primer regidor. Si la lista gana y se activa la sucesión, quien no encabezó formalmente la candidatura podría terminar nuevamente en el sillón municipal.
Burneo sostiene que la presencia de López Aliaga en la lista no infringe la norma vigente. Esa precisión jurídica es importante, pero también deja expuesta una debilidad institucional: una maniobra puede ser formalmente legal y, al mismo tiempo, profundamente cuestionable frente al espíritu de la Constitución.
La ley prohíbe la reelección inmediata, pero permite que un exalcalde integre la misma lista en otro cargo. Así, la norma cierra la puerta principal y deja abierta una ventana suficientemente amplia para que la política vuelva a entrar. No haría falta quebrantar la regla; bastaría con acomodarse alrededor de ella.
El presidente del JNE pide a los ciudadanos conocer toda la lista porque cualquier integrante podría terminar gobernando. El consejo es correcto, pero también revela el tamaño del problema. El elector debería elegir con información completa, no convertirse en detective para descubrir quién podría asumir realmente después de renuncias, vacancias o movimientos estratégicos.
Burneo propone debatir una reforma que permita cierto grado de continuidad a alcaldes y gobernadores. Esa discusión puede ser legítima: una buena gestión necesita tiempo y la prohibición absoluta también puede interrumpir proyectos importantes. Pero cualquier cambio debe hacerse de frente, mediante reforma constitucional y reglas claras, no a través de sustituciones que dejen al ciudadano votando por una persona y recibiendo a otra.
El JNE debe garantizar que la sucesión electoral no se convierta en herramienta para desnaturalizar la prohibición de reelección. No basta con comprobar que cada movimiento encaje en un artículo; también corresponde defender la transparencia, la confianza y la representación ciudadana.
Reflexión final
La democracia se deteriora cuando la habilidad para encontrar vacíos legales vale más que la voluntad del votante. El elector debe conocer toda la lista, pero los partidos también deben mostrar todas sus intenciones. Si alguien pretende volver al poder, debe decirlo abiertamente y someterse a reglas claras. Gobernar por atajo puede ser legal; difícilmente será legítimo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).