Keiko Fujimori ha pedido al Congreso facultades legislativas por 120 días para enfrentar la inseguridad, reformar el Estado, simplificar trámites, impulsar la economía y acelerar decisiones que, según el Ejecutivo, el país ya no puede seguir postergando.
El problema no está en pedir herramientas para gobernar. El problema está en qué se quiere cambiar y, sobre todo, qué se decide no tocar.
Porque mientras el proyecto propone modificar normas sobre extorsión, sicariato, delitos informáticos, armas, sistema penitenciario y denuncias digitales, omite la derogación o revisión de las llamadas leyes procrimen, cuestionadas por haber debilitado instrumentos como la colaboración eficaz, la detención preliminar, los allanamientos sorpresivos, la confiscación de bienes y la interceptación de comunicaciones.
La contradicción es evidente: se solicitan más poderes para combatir el crimen, pero se evita revisar precisamente aquellas normas señaladas como obstáculos para combatirlo.
El Gobierno afirma que necesita velocidad. Fujimori sostiene que las facultades permitirán poner al Estado “a mayor velocidad”. Bien. Pero ningún vehículo avanza con eficacia si se acelera mientras se conserva el freno puesto.
Y aquí aparece el verdadero problema político. Si la delincuencia organizada es una prioridad nacional, ¿por qué el pedido de facultades no incluye una evaluación integral de todas las normas que podrían estar favoreciendo la impunidad? ¿Por qué algunas leyes sí merecen modificación inmediata y otras parecen adquirir una curiosa condición de intocables?
El proyecto incluso plantea denominar organizaciones criminales como terroristas, modificar normas migratorias, fortalecer el control de armas, reformar penales e incorporar mecanismos de legítima defensa. También pretende legislar sobre minería, hidrocarburos, tributación, feriados, inspecciones laborales, Sedapal, INDECI y burocracia estatal.
Es decir, hay facultades para casi todo, menos para revisar aquello que podría resultar políticamente incómodo.
Más todavía cuando varias de esas normas cuestionadas fueron aprobadas durante el Congreso anterior con respaldo decisivo del fujimorismo. Allí es donde el pedido deja de ser solamente jurídico y comienza a convertirse en una prueba de coherencia política.
Porque combatir el crimen exige algo más que endurecer discursos o cambiar denominaciones legales. Requiere inteligencia, investigación, fiscales con herramientas eficaces, policías fortalecidos, control penitenciario y normas que no terminen beneficiando a quienes deberían perseguir.
El Congreso tiene la obligación de revisar con especial rigor estas facultades. Delegar poder no puede significar entregar un cheque en blanco durante cuatro meses.
Si el Ejecutivo realmente pretende enfrentar la delincuencia, debería demostrar que está dispuesto a revisar todas las normas cuestionadas, incluso aquellas vinculadas políticamente con su propio sector.
Reflexión final
Keiko Fujimori pide 120 días para legislar con rapidez. El país puede entender la urgencia. Lo que resulta mucho más difícil de explicar es la selectividad.
Pedir poderes extraordinarios para combatir el crimen mientras se dejan fuera las leyes señaladas como procrimen no transmite firmeza: transmite una peligrosa memoria legislativa selectiva. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).