Un presupuesto público no solo distribuye dinero: establece prioridades. Y el proyecto de presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Keiko Fujimori deja una señal que merece atención y debate. Mientras aumenta considerablemente la inversión destinada a las Fuerzas Armadas, reduce los recursos para Orden Público y Seguridad, justamente cuando la inseguridad ciudadana exige una respuesta inmediata. El contraste resulta especialmente incómodo para un Gobierno que hizo del “orden y seguridad” una de sus principales promesas.
Las cifras son contundentes. La función Orden Público y Seguridad pasaría de S/15.857 millones en 2026 a S/15.338 millones en 2027, aproximadamente S/519 millones menos. Además, el programa de reducción de delitos y faltas bajaría de S/6.878 millones a S/6.494 millones.
La dirección cambia radicalmente cuando se observa defensa. Los proyectos de inversión del sector pasarían de S/665 millones a S/2.548 millones, un incremento de 283 %. Allí aparecen proyectos para recuperar capacidades de aeronaves de combate, fortalecer la fuerza de superficie de la Marina y continuar la modernización de infraestructura naval.
La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿por qué semejante aceleración de la inversión militar mientras disminuyen recursos para enfrentar la inseguridad ciudadana?
Modernizar las Fuerzas Armadas es necesario. El Perú requiere instituciones militares profesionales, equipadas y preparadas para proteger su soberanía y responder a amenazas estratégicas. Ese no debería ser el debate.
El problema está en establecer prioridades frente a una realidad que golpea diariamente al ciudadano. Hoy son las extorsiones, homicidios, sicariato, robos, secuestros y organizaciones criminales las amenazas que condicionan la vida de comerciantes, transportistas, empresarios y familias.
Para combatirlas no bastan operativos espectaculares, declaraciones de emergencia o soldados patrullando temporalmente determinadas calles. Se necesita una policía fortalecida con inteligencia criminal, investigación, tecnología, criminalística, comunicaciones, vehículos operativos y agentes especializados.
Por eso existe una contradicción política que el Ejecutivo debe explicar. No puede proclamarse la seguridad ciudadana como prioridad y, simultáneamente, presentar un presupuesto que reduce recursos precisamente en ese frente.
Desde La Caja Negra no proponemos enfrentar a las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Sería una discusión equivocada. Ambas instituciones deben fortalecerse. Lo que se cuestiona es que un presupuesto nacional de S/266.506 millones no encuentre una fórmula para modernizar la Defensa sin disminuir los recursos iniciales destinados a combatir una criminalidad que demanda respuestas inmediatas.
El Congreso debe examinar estas partidas con independencia y exigir indicadores concretos. ¿Cuánto se invertirá en inteligencia? ¿Cuántos vehículos policiales estarán operativos? ¿Cómo se fortalecerá la investigación criminal? ¿Qué recursos respaldarán realmente la prometida lucha contra las extorsiones y el sicariato?
Fujimori tiene derecho a considerar estratégica la modernización de las Fuerzas Armadas. Pero también tiene la obligación de explicar por qué esa apuesta coincide con una reducción presupuestaria en Orden Público y Seguridad.
Reflexión final
Los presupuestos suelen revelar aquello que los discursos intentan maquillar. Más recursos para las Fuerzas Armadas y menos para seguridad ciudadana constituyen una decisión política, no una mera operación contable.
Si el Gobierno prometió “orden y seguridad”, llegó el momento de demostrar que esa promesa también tiene presupuesto. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).