Keiko Fujimori plantea eliminar los topes de las tasas de interés aplicables a determinados créditos. El Gobierno intenta presentar la medida bajo el atractivo concepto de “inclusión financiera”, argumentando que permitiría incorporar al sistema formal a ciudadanos que hoy no consiguen financiamiento. Sin embargo, detrás de esa explicación técnica existe una consecuencia imposible de esconder: los bancos obtendrían mayor libertad para determinar cuánto cobrar por sus préstamos, mientras los consumidores perderían una protección establecida precisamente para limitar tasas excesivas. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿esta reforma está pensada principalmente para beneficiar al usuario o para darle mayor margen de acción al sistema financiero?
Actualmente, el BCRP establece para determinadas operaciones de consumo y MYPES un límite que, para mayo-octubre de 2026, alcanza el 114,13% anual en moneda nacional. No significa que todos los clientes paguen esa tasa, pero sí constituye el máximo permitido. Y aquí aparece lo sorprendente: si un techo superior al 100% todavía resulta insuficiente para determinadas operaciones financieras, el Gobierno debería explicar con absoluta claridad hasta dónde podrían llegar las tasas una vez eliminada esa barrera. No basta con prometer transparencia cuando lo que se pretende modificar es precisamente uno de los pocos límites concretos existentes.
Es cierto que el BCRP y la SBS han señalado efectos negativos de los topes. Según la SBS, estos habrían restringido el acceso al crédito de determinados usuarios, especialmente aquellos de menores ingresos. Esa evidencia merece una discusión seria. Pero resolver la exclusión financiera permitiendo créditos potencialmente mucho más caros puede terminar cambiando un problema por otro. Conseguir un préstamo no representa necesariamente progreso si las condiciones terminan comprometiendo gravemente la capacidad económica del prestatario. La Defensoría del Pueblo ha advertido justamente sobre los riesgos de tasas excesivas y sobreendeudamiento.
Por eso resulta legítimo cuestionar las prioridades del Ejecutivo. Si el objetivo realmente es ayudar a consumidores y MYPES, existen caminos más equilibrados: aumentar la competencia, desarrollar fondos de garantía, mejorar la información crediticia, fortalecer instrumentos públicos de financiamiento y reducir los riesgos que actualmente encarecen los préstamos. Incluso las alternativas recogidas en la información proporcionada plantean fortalecer Cofide, Agrobanco o evaluar una mayor participación del Banco de la Nación. El problema no debería solucionarse simplemente concediendo mayor libertad para trasladar el riesgo al precio que paga el ciudadano.
Keiko Fujimori tiene que explicar por qué una reforma presentada como instrumento de inclusión comienza otorgando precisamente más libertad a los bancos. La política pública debería equilibrar los intereses del sistema financiero con los derechos del consumidor, no inclinar la cancha hacia quien ya posee mayor capacidad económica, información y negociación.
Reflexión final
Eliminar los topes puede ampliar determinados créditos, pero también puede encarecerlos para quienes tienen menos alternativas. Y allí está el verdadero debate que el Gobierno no debería esconder detrás del lenguaje técnico: si los bancos reciben más libertad para cobrar, los ciudadanos necesitan más protección, no menos. De lo contrario, la llamada inclusión financiera corre el riesgo de convertirse en algo mucho más sencillo: más negocio para los bancos y más deuda para los usuarios. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).