Keiko Fujimori ha decidido convertir su pedido de facultades legislativas en una especie de prueba de fe para el Congreso: si se las aprueban, podrá combatir mejor al crimen; si no, el Gobierno quedaría limitado. El argumento sería más convincente si el Ejecutivo no hubiera esperado casi un mes para presentar la solicitud. Además, si existiera ya un Plan Nacional integral contra la criminalidad capaz de demostrar que las facultades son una pieza de una estrategia y no el sustituto de una estrategia.
La contradicción es evidente: se reclama urgencia después de haber administrado la demora. Fujimori sostiene que necesita facultades para fortalecer inteligencia, endurecer el tratamiento de organizaciones criminales, ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en los penales y acelerar expulsiones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la propia presidenta ha reconocido que el sistema de inteligencia carece de suficiente capacidad operativa. Es decir, el problema no parece reducirse a que falten leyes: también falta músculo estatal para aplicar las que ya existen.
Y mientras el Gobierno pide tiempo, facultades y nuevas herramientas, la delincuencia sigue cobrando terreno. Según la información proporcionada, hay más de 13.000 denuncias por extorsión. El Plan Escudo no ha logrado demostrar una eficacia suficiente y los estados de emergencia tampoco han conseguido revertir de manera convincente la sensación de descontrol. Frente a ese escenario, decir que sin facultades no se podrá combatir el crimen empieza a sonar peligrosamente parecido a buscar una explicación externa para una incapacidad interna.
Más aún: el pedido de facultades omite la derogación de las llamadas leyes procrimen, pese a los reclamos de diversas bancadas. Ahí aparece otra ironía complicada de esconder. El Gobierno solicita más poder para combatir la delincuencia, pero evita revisar normas que han sido cuestionadas precisamente por debilitar herramientas contra ella.
Entonces, ¿qué se está pidiendo exactamente? ¿Más facultades para enfrentar al crimen o más margen político para gestionar el problema?
El Congreso debe debatir rápido, sí, pero no actuar como mesa de partes del Ejecutivo. Las facultades extraordinarias no pueden servir para maquillar la ausencia de planificación ni para convertir cada fracaso en una excusa de “nos faltaron herramientas”.
Keiko Fujimori necesita resultados, no solo atribuciones.
Reflexión final
Gobernar es asumir responsabilidades con las competencias existentes mientras se buscan las adicionales. Condicionar la lucha contra el crimen a una delegación de facultades es una forma demasiado cómoda de trasladar parte del costo político al Congreso.
Si después de un mes el mensaje sigue siendo “denme más poderes para recién poder actuar”, el problema quizá no sea que al Gobierno le falten facultades. Quizá le está faltando algo más básico: dirección, estrategia y capacidad de ejecución. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).