La candidatura de Rafael López Aliaga continúa avanzando en las Elecciones Municipales de Lima, pero cada nuevo paso parece abrir otra discusión que el sistema electoral no había resuelto con anticipación. El Jurado Nacional de Elecciones ya consideró válida su postulación como regidor, al sostener que no existe una prohibición expresa que impida esa participación. Sin embargo, ahora aparece una nueva incógnita: López Aliaga todavía no tiene asegurada su presencia en los debates para la alcaldía de Lima.
A pocas semanas de la votación, que una figura central de la campaña no sepa si podrá debatir no es precisamente una señal de orden institucional. Es una señal de reglas que siguen llegando después de los hechos.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, ha señalado que la metodología de los debates será acordada con las organizaciones políticas durante la próxima semana. Es decir, todavía no se ha definido si un candidato a regidor con evidente protagonismo electoral podrá ocupar un espacio diseñado, en principio, para quienes compiten por la alcaldía.
La situación bordea lo insólito. Primero hubo que discutir si López Aliaga podía postular. Ahora habrá que discutir si puede debatir. Después quizá habrá que discutir bajo qué condición participa. La campaña avanza y el reglamento parece caminar detrás de ella.
El problema no es López Aliaga en sí mismo. El problema es un sistema que permite que una candidatura llegue tan lejos sin haber previsto todas sus consecuencias prácticas. Si el JNE considera válida la fórmula, entonces también debería tener perfectamente definido cómo se traduce esa validez en la campaña pública.
Un debate no es una ceremonia decorativa. Es uno de los pocos espacios donde los candidatos deben responder sin filtros sobre seguridad, transporte, presupuesto, obras, corrupción y gestión. Si López Aliaga tiene un papel decisivo en la oferta electoral, excluirlo del debate podría empobrecer el contraste político. Pero permitirle participar sin una regla previa y general también podría alimentar la percepción de que las normas se acomodan sobre la marcha. Y esa percepción es exactamente lo que una autoridad electoral debería evitar.
El JNE no puede seguir administrando incertidumbres. Debe establecer una regla clara, general y transparente sobre quiénes participan en los debates y bajo qué condición.
Reflexión final
La democracia pierde autoridad cuando las reglas parecen escribirse después de conocer a los protagonistas.
Si una candidatura necesita una interpretación para inscribirse y otra distinta para saber si puede debatir, entonces el problema ya no es una excepción electoral: es un sistema que está descubriendo sus vacíos en plena competencia. Y cuando las reglas llegan tarde, la sospecha siempre llega primero. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).