La oposición ha puesto el dedo en una contradicción que el Gobierno de Keiko Fujimori no puede seguir esquivando: pedir facultades extraordinarias para combatir la delincuencia mientras deja fuera del paquete la derogación de las llamadas leyes procrimen. Si esas normas son cuestionadas por debilitar presuntamente herramientas contra el crimen organizado, resulta difícil explicar por qué no forman parte de una estrategia que pretende presentarse como urgente, integral y decisiva. El país no necesita más discursos de firmeza; necesita coherencia entre lo que se promete y lo que realmente se quiere corregir.
Luis Quispe Candia, Jair Manrique, Catherin Palomino y Daniel Barragán han cuestionado que el pedido de facultades ignore justamente uno de los temas más sensibles del debate sobre seguridad. Algunos sostienen que esas leyes deben derogarse; otros consideran que el Ejecutivo debería reformular su solicitud porque no responde a la realidad que enfrenta el país. El mensaje de fondo es claro: no se pueden pedir herramientas excepcionales mientras se mantienen fuera del debate normas señaladas como parte del problema.
El oficialismo responde que ya existen comisiones técnicas encargadas de revisar esas disposiciones y que el Congreso puede tramitarlas por sus canales ordinarios. El argumento es formalmente válido, pero políticamente insuficiente. Si la criminalidad es tan grave como para justificar una delegación legislativa, ¿por qué ciertas normas cuestionadas deben esperar un procedimiento más lento? La urgencia no puede funcionar solo cuando conviene al Ejecutivo.
Desde la derecha también hay quienes sostienen que no existe consenso sobre cuáles normas deben derogarse o modificarse. Ese debate técnico es necesario. Pero precisamente por eso la oposición acierta al exigir que el tema sea puesto sobre la mesa y no relegado a una revisión indefinida.
Mientras tanto, los asesinatos, extorsiones y ataques continúan. El ciudadano no distingue entre competencias del Ejecutivo, comisiones del Congreso o grupos técnicos del Ministerio de Justicia. Solo ve que la violencia avanza y que el Estado sigue discutiendo procedimientos.
La oposición tiene razones para exigir que las leyes procrimen sean consideradas dentro del pedido de facultades o, como mínimo, que exista un cronograma público, concreto y vinculante para revisarlas. No hacerlo alimenta la sospecha de una lucha parcial contra la delincuencia.
Reflexión final
Combatir el crimen exige revisar todo aquello que pueda estar debilitando al Estado, incluso cuando políticamente resulte incómodo. Si el Gobierno quiere poderes extraordinarios, también debe asumir responsabilidades extraordinarias.
Porque una estrategia de seguridad que evita tocar las normas más cuestionadas no transmite firmeza. Transmite selectividad. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).