En el Perú, algunos grandes eventos deportivos parecen disputarse en dos escenarios: en las canchas compiten los atletas; en las oficinas, la improvisación derrota al presupuesto público. La Contraloría ha identificado un perjuicio de S/18.878.470 en la organización de los Juegos Bolivarianos 2025. Sin embargo, el país avanza hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027 como si las cuentas estuvieran claras, el dinero recuperado y las responsabilidades establecidas. El espectáculo siguiente ya tiene fecha; la rendición de cuentas anterior sigue buscando sede.
El informe describe pagos en exceso, servicios no brindados, precios distintos a los contratados y penalidades por mora que no fueron aplicadas. Entre las prestaciones pagadas figuran 43 salas de reuniones que nunca se ofrecieron. No se trata de una diferencia menor ni de un error contable perdido entre expedientes: son millones de soles que pertenecían a todos los peruanos.
La organización tardía permitió recurrir a la conocida palabra salvadora de la mala gestión: “emergencia”. El IPD conocía anticipadamente las necesidades del evento, pero la demora administrativa terminó utilizada para acelerar contrataciones. Primero se pierde el tiempo; después se presenta la urgencia como argumento; finalmente, el ciudadano paga la improvisación. Es una disciplina en la que ciertas instituciones públicas mantienen un rendimiento notable.
Según la Contraloría, las bases fueron modificadas indebidamente y el servicio terminó adjudicado a un consorcio sin experiencia integral acreditada. Además, los términos de referencia carecían de mecanismos adecuados para verificar las prestaciones. Se contrató sin asegurar capacidad suficiente y se pagó sin poder comprobar correctamente. Difícil reunir tanta ineficiencia en una sola competencia.
Las investigaciones comprenden a siete funcionarios y servidores, uno de los cuales continúa laborando en el IPD. La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción fue informada para actuar contra cinco personas. Será la justicia la encargada de determinar responsabilidades individuales, pero la responsabilidad política y administrativa del sistema ya resulta inocultable. La República
Y mientras el expediente avanza, Lima 2027 consume planificación, presupuesto y discursos. El mundo al revés: primero se anuncia la siguiente fiesta y después, quizá, se explica quién pagó de más en la anterior.
El Gobierno debe suspender cualquier contratación que no cuente con auditoría preventiva, publicar el detalle de los gastos, recuperar los recursos que correspondan y separar temporalmente de funciones sensibles a quienes estén comprendidos en investigaciones, respetando el debido proceso.
Reflexión final
El deporte peruano no necesita otra capa de pintura institucional. Necesita refundar el IPD, ejecutar una reingeniería completa y aprobar un Plan Nacional del Deporte de largo plazo. Las medallas no pueden seguir utilizándose para cubrir expedientes, ni las ceremonias para silenciar pérdidas. Si Lima 2027 repite la historia, ya no podremos hablar de sorpresa: será negligencia anunciada. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).