Loreto lleva tres días paralizado y el Gobierno parece seguir observando el conflicto desde la distancia. Mientras las movilizaciones se extienden por Iquitos, Yurimaguas, Nauta, Requena, Contamana, Ramón Castilla y Putumayo, el Ejecutivo de Keiko Fujimori todavía no ofrece una respuesta política proporcional a la gravedad de la protesta. La Amazonía vuelve a comprobar que, para ser escuchada desde Lima, debe detenerse, marchar y elevar la voz.
La CGTP mantiene cuatro demandas concretas: reducción del precio de los combustibles, solución a las deficiencias del servicio eléctrico, acciones efectivas contra la minería ilegal y conformación de una comisión ministerial con verdadera capacidad de decisión. No se trata de una lista improvisada. Son reclamos vinculados con el aislamiento geográfico, el costo de vida, la precariedad energética, la destrucción ambiental y las presuntas redes de explotación que acompañan a las economías ilegales.
Loreto no puede pagar combustibles caros como si contara con carreteras que lo conectaran plenamente con el país. Tampoco puede continuar recibiendo delegaciones sin autoridad para comprometer soluciones. Enviar funcionarios sin capacidad decisoria es una conocida ceremonia burocrática: se instala una mesa, se toman fotografías, se redacta un acta y el problema regresa intacto a la población.
A esta indiferencia se suman las denuncias de la CGTP sobre presuntas agresiones policiales contra manifestantes. Dos trabajadores habrían resultado afectados, uno de ellos con una lesión en la cabeza. Los hechos deben ser investigados pública y transparentemente mediante la revisión de los videos y la determinación de responsabilidades. La Policía tiene el deber de mantener el orden, pero ese mandato no concede autorización para vulnerar derechos ni castigar la protesta pacífica.
La Defensoría del Pueblo supervisa la actuación policial y ha verificado intervenciones durante la jornada. Esa vigilancia resulta indispensable. Cuando el diálogo llega tarde y la fuerza aparece primero, el Estado transmite el peligroso mensaje de que resulta más sencillo controlar el descontento que resolver sus causas.
El Gobierno aún puede evitar que el conflicto se agrave: debe formalizar sus compromisos, instalar una comisión de alto nivel y presentar plazos verificables. No bastan llamadas, promesas ni representantes sin poder. Loreto exige decisiones.
Reflexión final
El paro amazónico no es únicamente una crisis regional; es una advertencia nacional. Si el Ejecutivo continúa gobernando con silencio, distancia e improvisación, la indignación puede trasladarse a otras regiones que también acumulan promesas incumplidas. Un país no se gobierna apagando protestas una por una, sino atendiendo las injusticias antes de que todo el territorio decida detenerse. (Foto ilustración: lacajanegra.blog)